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J.A.S. La educación concertada también está en pie de guerra contra los recortes salariales previstos para los profesores en el plan de ajuste de la Junta de Andalucía y para exigir el abono «inmediato» de la subvenciones que adeuda la administración autonómica desde principios de años y que están causando la asfixia económica a un elevado número de centros.
La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza de Málaga (FSIE) -Málaga) se concentró ayer por la mañana en la delegación Provincial de Educación para pedir el abono de estas subvenciones atrasadas y con los que se retribuye al personal de administración y servicios, personal complementario y específico de educación especial; así como el abono de las subvenciones que deberían haber recibido las escuelas hogar en el primer trimestre y con las que se afronta no sólo el abono de salarios de sus profesionales sino también los gastos de manutención y alojamiento de los alumnos residentes en las escuelas hogar de titularidad privada existentes en Málaga.
Esta protesta se repitió ayer también en las puertas de la Consejería de Educación en Sevilla por parte de la Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera de Andalucía (FE-USO-Andalucía) y la Federación de Sindicatos Independiente de la Enseñanza (FSIE) contra los recortes salariales al profesorado de la enseñanza concertada.
Los dos sindicatos descartan, de momento, la convocatoria de una huelga, pero piensan ya en realizar una «gran manifestación» en la que no solo participen los delegados sino en la que se impliquen profesores, trabajadores de estos centros, familias y alumnos. Todo ello, para intentar evitar que los recortes salariales anunciados por la Junta de Andalucía para los docentes se materialicen.
Pese a que aún no se sabe con exactitud cómo se plasmará el plan de ajuste de la Junta para el período 2012-2014, el recorte salarial afectará también a los docentes de la educación concertada, ya que la propia consejera de Educación, Mar Moreno, manifestó hace días que este profesorado debe «hacer el mismo esfuerzo económico que se pide al de la pública». En este sentido, USO calcula que el recorte «va a ser de unos 1.125 euros en 2012, lo que significa unos 125 euros menos en cada nómina a partir de junio y un porcentaje de reducción salarial en torno al seis por ciento».
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Alfonso García-Rabadán Gascón, abogado multidisciplinar y procesalista en Roji Abogados, ha respondido las preguntas de los lectores
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