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Crisis económica

Los orientadores de empleo de la Junta temen ser despedidos el 30 de junio

Los 74 afectados en Málaga dicen que se rescindirán sus contratos seis meses antes de lo previsto

 05:30  
Imagen de la concentración que llevaron a cabo ayer en Gamarra.
Imagen de la concentración que llevaron a cabo ayer en Gamarra.  Carlos Criado

José antonio Sau La crisis sigue engullendo trabajadores con la virulencia de un tsunami. Ahora les toca el turno, paradójicamente, a los orientadores –promotores– de empleo de la Junta de Andalucía, que ayer se concentraron en las distintas capitales andaluzas para denunciar que sus puestos de trabajo podrían pasar a la historia el 30 de junio, seis meses antes de que expiren sus contratos como personal laboral, debido precisamente a los recortes en las políticas activas de empleo. En Málaga hay 74 afectados por este nuevo recorte, 473 en Andalucía y 1.500 en todo el país, pues el problema es parecido de autonomía a autonomía.

Según denuncian, sus contratos, de obra y servicio, se firmaron el 1 de abril de 2011 y expiran el último día de diciembre de 2012, pero con el tijeretazo del Gobierno a los presupuestos se reducen las políticas activas de empleo. Entre esas medidas se encuentra el despido de los orientadores el 30 de junio, seis meses antes de que llegara el momento.

«Es una situación surrealista, ya que es cuando hay más paro y encima la tasa sigue aumentando; cuando más seria es la situación en las oficinas de empleo, es cuando reducen el personal de las mismas, con lo que ello implicará en la calidad del servicio y en la atención personalizada a los desempleados», denuncia el colectivo en una nota.

Explican que ésta es una transferencia del Estado que no ha asumido la Junta debido a los recortes, pese a que en Extremadura, por ejemplo, sí ha sido asumida por la comunidad. Por ello, los 74 orientadores de empleo malagueños se concentraron ayer a primera hora frente a la Oficina de Empleo de Gamarra.

Apoyo de PP e IU

Asimismo, los perjudicados han recibido el apoyo de los grupos parlamentarios de IU y PP, que apuntan como una posible solución del conflicto «la cofinanciación por parte de la Junta de la partida presupuestaria afectada, de escasos seis millones de euros, compromiso ya adquirido por la Junta de Extremadura». Si se suspendiera la financiación, PP e IU entienden que «se estaría incurriendo en una grave irresponsabilidad por incumplimiento de los contratos suscritos a principios de 2011». Además, se estaría evidenciando que su preocupación «no es la generación de empleo y la inserción de los desempleados».

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