Se ha convertido en un lugar común. Cada vez que se encrespan los ánimos, la culpa es de la banca, de los políticos, del sistema, pero también de los sindicatos. Las exigencias de austeridad ha llevado a la población a examinar con lupa el destino de las subvenciones públicas; todo el mundo juega a hacer sus propios recortes y en el tablero ruedan las cabezas de organizaciones y dirigentes. Al mismo tiempo, se asiste a una nueva efervescencia sindical, manifestaciones, concentraciones; el sindicato, héroe y villano, la figura con una percepción más ambivalente desde que estalló la crisis.
En la lectura ciudadana de la depresión, son los únicos que se libran del cartel inequívoco de responsables. Los sindicatos animan al debate. Algunas siglas creen que su cartel no ha variado; insisten en que la valoración mantiene el cisma de siempre: un sector empeñado en enturbiar su imagen y otro,más amplio, que los secunda y apoya. También hay quienes vinculan el descrédito con la actitud de las organizaciones mayoritarias. En mitad del descalabro financiero, azota una nueva oleada de protestas y miles de personas salen a la calle, pero la controversia sigue viva. «Últimamente somos protagonistas; ya es raro poner la tele por la noche y que no aparezca un contertulio atacando a los sindicatos», señala Fernando Muñoz, secretario provincial de Organización de CCOO.
A pesar de las críticas, continúa estable la cifra de afiliados, que en la provincia, supera a las 120.000 personas. En CCOO, donde el registro es de 38.654, la mayoría de las bajas, aclara Muñoz, se relacionan con la situación económica. En el último año, ha caído un 10 por ciento la presencia sindical en la construcción; por contra, en otros sectores como la sanidad o la educación, en los que el paro, de momento, no es tan agresivo, los números del sindicato puntúan al alza–la subida en 2011 fue del 6 por ciento–.
En otras agrupaciones como CSIF ó SATSE, con 10.000 y 15.000 afiliados, respectivamente, la tendencia también es positiva. En CCOO, en Málaga, trabajan actualmente alrededor de 80 personas, incluido el servicio de limpieza y de asesoría jurídica. La polémica en este caso se dirige a la financiación–los sindicatos mayoritarios y las confederaciones de empresarios recibieron 238 millones de euros de subvención el pasado año, según el SATSE–, pero también a la figura del liberado, que las organizaciones reconocen con otro eufemismo, el de sindicalista de actividad permanente. Para Muñoz, las críticas no son nada nuevo y responden al intento de abrir una brecha entre los trabajadores y sus representantes. «En Málaga se ha llegado, incluso, a contratar a personas para que dinamiten al sindicato e impidan que gane peso en algunas empresas», detalla.
Según el secretario de organización de CCOO, la imagen de estructuras dependientes de las ayudas públicas es totalmente imprecisa. El dinero aportado por el estado, apunta, únicamente representa un 10 por ciento del presupuesto anual de la organización. El grueso de sus recursos proceden de la cuota que abonan mensualmente los afiliados, que el pasado años les reportó en Málaga un total de 1.152.000 euros. «Además, ese 10 por ciento no va a fondo perdido, sino a programas que debemos justificar y a los que normalmente adelantamos el dinero», explica.
Fernando cree que, con el asunto de la financiación, se ha perdido la perspectiva histórica. «Fueron ayudas que se establecieron para consolidar la democracia», indica. Además, arremete contra los partidos políticos, a los que acusa de azuzar a la rebelión en función de sus intereses electorales. El PP, advierte, recibió más subvenciones el pasado año que el conjunto de los sindicatos. La cifra, añade, está en el BOE. «Rajoy ha subido la asignación a los partidos y ha rebajado la de las organizaciones sindicales. Ahora lo va a hacer otra vez, seguramente como castigo. Ya ocurrió con Aznar», razona.
No a las subvenciones públicas
Las subvenciones públicas, punta de lanza de las críticas a los sindicatos, son censuradas, sin embargo, por siglas como CSIF, que apuesta por su erradicarlas. Joaquín Pérez y Ramoni Ruiz, presidente y vicepresidenta del colectivo en Málaga defienden un modelo sindical a la europea, sin aportaciones públicas. Su reivindicación, a la que también se suma SATSE, apunta a un recorte masivo en las ayudas al funcionamiento de partidos, agrupaciones y asociaciones de empresarios. «Asistimos al espectáculo de la irresponsabilidad. Para hablar de recortes primero hay que ganarse el respeto de la gente y conseguir legitimidad social. Y eso pasa por acabar con cargos de confianza», puntualiza.
Lo que suscita más consenso es la defensa de los liberados, a los que los sindicalistas no identifican, ni mucho menos, con el tópico de la pereza y la evasión de responsabilidades. Más bien, apuntan a un trabajador sin horario, que normalmente renuncia a complementos salariales. «Le aseguro que en todos los centros con representación a las 8 de la mañana puede encontrar a un sindicalista dispuestos a atender a los trabajadores», señala Eugenio Pérez, responsable provincial de SATSE.
El sindicato de enfermeros, que cuenta con 23 liberados, ha renunciado a otros cuatro que le correspondían por ley. CCOO, con más de 60, asegura que últimamente tiene problemas para cubrir las plazas. «A veces se olvida que buena parte de esos sindicalistas permanentes son por la cesión de las horas que le corresponden a cada trabajador», indica.
Los representantes del CSIF recusan también la crítica. «Liberados también hay en la política. Miles, además», alerta. Para Pérez, el rechazo de algunos sectores a los sindicatos tiene que ver con el comportamiento de las grandes centrales, que, en su opinión, fueron cómplices de la caída del sistema. «En 2009 nosotros fuimos los únicos que nos manifestamos contra la crisis. Otros estaban participando en consejos de gobierno de las cajas de ahorros», declara Ramoni Ruiz.
Los dirigentes del CSIF acusan a CCOO y UGT de haberse convertido en una suerte de apéndice de determinadas formaciones políticas. Su compañero de SATSE, Eugenio Pérez, también cuestiona su independencia, aunque considera imprescindible el concurso de las figuras de mediación entre la empresa y los trabajadores. «Es lógico que exista una percepción negativa. A veces no han defendido al trabajador, como en el caso de los ERES. Pero aún así, incluso si sólo existieran este tipo de sindicatos, deberían continuar», puntualiza.
Muñoz rechaza las acusaciones de partidismo y recuerda que su sindicato organizó más de cuarenta movilizaciones en Málaga contra la política económica de la segunda legislatura de Zapatero. Además, da otro dato, esta vez de corte local. En las últimas elecciones municipales, un total de seis partidos incluyeron candidatos afiliados a la organización. «Llevamos a rajatabla que ninguna persona forme parte al mismo tiempo del órgano de un partido político y del sindicato», precisa.
