Política

Rajoy quiere asignar a las diputaciones los servicios que los pueblos no puedan prestar

La institución "rescatará" a los municipios de menos de 20.000 habitantes, 85 en Málaga, que no superen un "test de estrés"

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F. Arabí En plena depresión económica y en puertas de las pasadas elecciones generales, el debate político puso a las diputaciones en la picota al ser señaladas, especialmente desde el PSOE, como primera víctima propiciatoria en el necesario adelgazamiento de la Administración. El PP apostó por mantenerlas pero someterlas a una poda. Ahora, aquella fiebre que amenazó a estas instituciones dos veces centenarias se va a traducir, en vez de en muerte, en crecimiento. La reforma de la Ley 7/1085 reguladora de las bases de régimen local que prepara el Gobierno prevé una reordenación y recorte de la carta obligatoria de competencias que prestan los municipios. Ya que no se les puede dar dinero, se les quita trabajo, vendría a ser la filosofía que inspira la norma.

El documento preparado por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), con una propuesta de articulado para el proyecto de ley, contempla en su artículo 26.3 habilitar a las comunidades autónomas para liberar a los municipios pequeños de prestar los servicios públicos obligatorios si no están en condiciones técnicas y, sobre todo, económicas de darlos.

En ese caso, «en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes, las comunidades autónomas encomendarán a las diputaciones provinciales [...] la prestación común y obligatoria [...]de los servicios previstos en este precepto». Las competencias ineludibles se reducen a nueve estrictamente locales (de alumbrado público a cementerios) y catorce compartidas con Estado y comunidades, que van desde el planeamiento urbanístico hasta la gestión del padrón municipal. El mantenimiento de colegios o los servicios sociales que exceden la mera atención «primaria» también se caen de la lista. Se trata de evitar una «amplísima cartera de servicios que invitan a una expansión incontrolable del gasto local», advierte la propuesta oficial.

Limitar las mancomunidades. En la provincia de Málaga son 85 las poblaciones de menos de 20.000 habitantes susceptibles de ser vaciadas de competencias en favor de las diputaciones por imperativo legal. Desde Torrox hasta Atajate.

Con esta especie de «rescate» de los pequeños municipios en apuros se «evitaría la supresión o fusión de municipios claramente incapaces de gestionar sus servicios obligatorios», según consta en el documento del INAP al que ha tenido acceso este diario. En el caso de que los ayuntamientos incapaces de gestionar competencias básicas con garantías gobiernen ciudades de más de 20.000 habitantes, el borrador de la reforma legal que en breve empezará a tramitarse contempla la opción de mancomunar servicios, la fórmula clásica a la que, por otra parte, quiere poner coto la norma. «Podrá acordarse la fórmula supramunicipal para la prestación del servicio con carácter voluntario», apunta el citado documento. Son 16 los municipios y ciudades malagueñas mayores de 20.000 habitantes.

Para determinar lo que la propuesta de reforma denomina «estándares de calidad» que permitan decidir si un municipio puede o no cumplir sus obligaciones competenciales, se les aplicará su particular test de esfuerzo. «Se propone someter a los servicios públicos municipales y a los que prestan las mancomunidades a una evaluación que deberá realizarse en el plazo de un año», se apunta en la propuesta. La deuda, el presupuesto y los habitantes serán variables que se considerarán para resolver el examen.

La norma que el Gobierno aprobará de forma inminente asentará los principios de «estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera» ya constitucionalizados.

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