Los temores de los becarios de investigación de la Universidad de Málaga (UMA) se han cumplido. Hace unos dos meses trasladaron su preocupación ante la posibilidad de que el Gobierno andaluz no llevara a efecto la orden de enero de 2008 por la que si obtenían el título de doctor, podían ampliar un año su contrato, y lo cierto es que ya están en el paro. Su relación laboral terminó el 31 de mayo y siguen sin saber cuál va a ser su futuro. Eso sí, con la diferencia de que el pasado mes de marzo, antes de las elecciones andaluzas, la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología del Ejecutivo regional dictó una resolución con los requisitos necesarios para poder prorrogar este incentivo.
Ante esta situación, se da la paradoja de que algunos de estos becarios, que en estos cuatro años han estado adscritos a la UMA como Personal Investigador en Formación (PIF), siguen realizando su actividad de investigación, pero sin retribución económica. Y es que, aunque van a su facultad o al centro correspondiente para continuar con el trabajo pendiente, ahora lo hacen sin vinculación laboral con la Universidad de Málaga y estando, por tanto, en paro.
En consecuencia, han demandado una reunión con el secretario general de Universidades, Investigación y Tecnología del Gobierno andaluz, Francisco Triguero, para resolver esta incertidumbre y saber si se van a ver afectados por los recortes aprobados por las administraciones públicas. En definitiva, que les confirme o desmienta el rumor de que no hay partida presupuestaria para firmar los contratos posdoctorales comprometidos, tal y como se contemplaba en la resolución autonómica del pasado 20 de marzo.
"Es nuestro derecho saber qué va a ocurrir con nuestro futuro", han señalado a Europa Press representantes del PIF adscrito a Proyectos de Excelencia de 2007 de la Junta de Andalucía. De todos modos, han considerado "injusto" que "se comprometieran a la realización de un contrato posdoctoral, que realicemos el esfuerzo de cumplir los requisitos necesarios para obtener el quinto año y que, finalmente, no lo hagan y ahora nos tengan esperando una decisión que nunca llega".
Para este grupo, que también tiene entre sus funciones la docencia, se trata de una situación "intolerable"; más aún, de "desamparo administrativo". Estos investigadores estaban contratados adscritos a proyectos de investigación de excelencia incentivados por la orden del 15 de marzo de 2007, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del 29 de marzo de ese año. El periodo de beca comenzó en junio de 2008 y la mayoría de este personal pasó a la fase de contrato en junio de 2009.
Los incentivos para personal predoctoral tenían una vigencia de cuatro años. Sin embargo, en otra orden de la Junta de Andalucía, la del 11 de diciembre de 2007, publicada el 5 de enero de 2008 en el BOJA, se estableció que la duración para el PIF pasara a ser de cinco años siempre que se consiguiera el título de doctor.
RESOLUCIÓN DE LA JUNTA DE MARZO DE 2012
Ante la finalización de la actividad de estos investigadores y para "dar cumplimiento a lo previsto sobre la adaptación de las situaciones jurídicas a las establecidas en esa orden", con fecha 20 de marzo de 2012 la Junta de Andalucía dictó una resolución por la que se acordaba establecer el procedimiento de concesión de los incentivos destinados a la contratación de personal posdoctoral con cargo a estos proyectos de investigación de excelencia.
Más aún, las universidades y los organismos de investigación beneficiarios tenían que remitir a la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología en el plazo de 10 días la aceptación del incentivo propuesto, incluyendo la relación del personal investigador en formación, con indicación de la fecha de obtención del título de doctor o en su caso la prevista para ello.
Aunque en la citada resolución se especificaba que la concesión del incentivo estaría "limitada" a "la disponibilidad presupuestaria existente", se estableció, incluso, la cuantía máxima a aportar por investigador contratado, cifrada en 43.140 euros. De igual modo, la incorporación de este personal investigador a las respectivas universidades y organismos se fijaba en 15 días a contar a partir de la notificación.
Asimismo, conforme a lo establecido en la orden reguladora, si, por motivos justificados, al término de la fase predoctoral, el beneficiario no tenía el título de doctor o el certificado de tramitación del mismo ni el informe de las actividades a realizar durante ese nuevo año de contrato laboral, se contemplaba otorgarle un periodo máximo de seis meses para contar con esos requisitos.
En Málaga, más de una veintena de investigadores en formación, de los casi 150 que hay en Andalucía, están a la espera de que les aclaren cuál es su futuro tras haber expirado el plazo inicial de sus contratos y saber si, finalmente, se prolongarán un año más. La mayoría de ellos desarrollaban su actividad en la UMA, aunque también había quienes lo hacían en otros centros como el Hospital Civil de Málaga o la Estación Experimental La Mayora, en el municipio malagueño de Algarrobo.
