Caso 'Malaya'

El fiscal mantiene los 30 años a Roca pero retira los cargos a nueve acusados

El acusador público mantuvo ayer su petición de pena a 58 acusados en Malaya, efectuó rebajas mínimas a 14 y subió también testimonialmente las de otros 13

 
Montserrat Corulla, Benavente y Roca.
Montserrat Corulla, Benavente y Roca. Arciniega

Las defensas impugnaron los archivos de Maras y las grabaciones telefónicas

J.A. Sau Ni se ha desinflado ni se ha quedado en agua de borrajas. Al menos hasta ahora. El caso Malaya entró ayer, en su sesión número 180, en una recta final que todavía habrá de prolongarse todo el mes de julio pero en la que queda claro que el fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero sigue pensando que hay motivos para que la mayor parte de los acusados en esta trama de corrupción pase una buena temporada en la cárcel. El acusador público retiró ayer los cargos contra nueve acusados, lo que equivale a otras tantas sentencias absolutorias; mantuvo su petición de pena para Juan Antonio Roca (treinta años) y su núcleo duro, y retocó mínimamente al alza o a la baja sus solicitudes para diversos encausados.

Ayer tuvo lugar el trámite de calificación para las acusaciones: Anticorrupción, Ayuntamiento de Marbella, Hacienda y Junta de Andalucía. El fiscal entregó un nuevo escrito de acusación de 435 folios al tribunal y a las partes en el que, como máxima novedad, retiraba los cargos contra nueve personas: la hija de Roca, María –visiblemente emocionada–; el exedil del GIL Miguel Jiménez Guerra –cuya mujer, Lucía Aguilera, murió de un infarto en julio de 2006 al conocer la detención–; el informático Sergio Santana; la considerada en su día lotera del Jefe, Karin Mattsson; la secretaria de Montserrat Corulla, Úrsula Quinzano; la veterinaria de los caballos de Marqués de Velilla, Hildegar Fernández, Carlos García Puente, José María Mellado Romero y Javier Pérez Villena. Ello supone su absolución inmediata que, además, se consignará en sentencia.

Asimismo, mantuvo las penas solicitadas tanto para Juan Antonio Roca (treinta años de cárcel y más de 800 millones de euros de multa), como para su núcleo duro –la red de testaferros de Madrid– y numerosos empresarios. En total, este grupo suma 58 procesados. Permaneció igual, por ejemplo, la cárcel pedida para Isabel García Marcos: doce años. Rebajó la pena a catorce personas, siendo el caso más destacado el de la exalcaldesa Marisol Yagüe, a la que se le pedían veinte años cuando empezó el plenario, y que ahora se enfrenta a dieciséis, una vez que se cambia la calificación de la malversación por el uso que se dio al Rolls Royce del Ayuntamiento, desaparecido en los días anteriores al caso Malaya y hallado el 29 de marzo de 2006 en la cochera de la Policía Local, cuando estalla este proceso.

A otros trece acusados se les sube la petición de cárcel, aunque en la mayoría de los casos son aumentos derivados de aspectos técnicos de los tipos delictivos. El incremento más espectacular es el solicitado para el exteniente de alcalde Pedro Román, a quien se le reclaman 21 años de prisión frente a los 18 iniciales. Otro que permanece igual es el exregidor Julián Muñoz (diez años).

En total, el acusador público adscrito a Anticorrupción pide casi 500 años de cárcel y más de 3.800 millones de euros de multa. Los abrazos y las lágrimas fueron la tónica habitual entre los ya absueltos, que han pasado una larguísima pena de banquillo: más de seis años. Algunos de ellos han sido insultados por la calle y han tenido prácticamente imposible encontrar trabajo.

El nuevo escrito de acusación del fiscal abunda prácticamente en los lugares comunes del primero, lo que quiere decir que su concepción de lo ocurrido en Marbella durante el gobierno encabezado por Marisol Yagüe (2003-2006) es idéntica a la que tenía cuando se inició el juicio. Otra vez, el acusador asegura que Roca, pese a no ser cargo electo ni detentar la jefatura de ningún servicio municipal, «ha venido ostentando, de hecho, una posición de dominio sobre la corporación, hasta el punto de que los concejales del equipo de gobierno y la propia alcaldesa aparecían subordinados a su poder de decisión».

Ello propiciaba el soborno «sistemático y generalizado» de los concejales, dinero procedente de empresarios con intereses urbanísticos en el municipio. Éstos llegaron a pagar presuntamente más de 33 millones de euros. Para ocultar su fortuna, siempre según las tesis del fiscal, construyó «una verdadera organización integrada por un nutrido grupo de personas que, bajo su dirección, gestionaban y administraban su patrimonio».

El fiscal levantó el comiso sobre los bienes que Roca tenía antes de 1996, fecha en la que no existía la figura del blanqueo de capitales en el Código Penal, lo que supone que puede mantener, de momento, su casa del edificio Poseidón y el local de Marbella Beauty, aunque quedan embargados a efectos de pagar la responsabilidad pecuniaria que podría imponer la Sala presidida por José Godino. El próximo lunes, 18 de junio, el fiscal expondrá su informe final tras las conclusiones de las defensas; está previsto que lo haga mañana y tarde. Al día siguiente, le tocará el turno al Ayuntamiento de Marbella y a la Junta de Andalucía, y luego comenzarán los abogados, cinco o seis por día, con una hora y media como máximo para exponer sus alegatos.

Godino alertó ayer de que, de no cumplirse el calendario marcado, tendrán que ir por la tarde o en agosto. Y todos los acusados deberán asistir a este tramo procesal con el que se ponen fin a casi dos años de juicio en la que ya es la mayor causa de corrupción jamás enjuiciada en España.

Las defensas, por su parte, impugnaron los archivos de Maras Asesores, en los que se recogen los acrónimos de quienes sobornaron y recibieron los supuestos abonos; las intervenciones telefónicas y numerosos objetos y documentos intervenidos en los registros. En ello puso especial énfasis Rocío Amigo, letrada de Roca, que entre otras cosas impugnó lo hallado en el maletín del presunto contable del exasesor, Salvador Gardoqui.

Otros abogados advirtieron de que acudirán al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, y algunos pidieron ser los últimos en exponer para prepararse con más tiempo los alegatos.

Una fuente judicial llamó la atención sobre el hecho de que el Ayuntamiento pidiera once años de cárcel para el empresario Tomás Olivo por cohecho y blanqueo y, finalmente, en el último escrito haya bajado su petición de cárcel a los dos años y 90.000 euros de multa.
En cualquier caso, y pese a que el fiscal explicará el por qué de esta petición en su informe, su nuevo escrito supone legitimar la instrucción llevada a cabo por el juez Miguel Ángel Torres, a la que él dio el aliento decisivo, y bendecir una investigación que ha suscitado numerosas críticas por parte de los letrados por la forma en la que se realizaron las detenciones; el hecho de que, según los letrados, se premiaran delaciones con libertades, o por unas intervenciones telefónicas que, junto a los acrónimos de unos y otros recogidos en la contabilidad de Maras y Gardoqui, han supuesto la auténtica punta de lanza del relato acusatorio.

El fiscal no se ha tragado el órdago de Roca, que dijo haber pagado a los concejales pero para mantenerlos unidos hasta las elecciones de 2007, cohecho que no implica cárcel sino multa.

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