La Fiscalía de Málaga ha solicitado penas de cárcel para un padre y un hijo por realizar una obra presuntamente ilegal en un paraje del término municipal de la capital malagueña y ha instado a que los acusados lleven a cabo la demolición de la vivienda, construida en suelo no urbanizable y sin licencia. Ambos serán juzgados la próxima semana.

En sus conclusiones iniciales, el fiscal explica que los procesados realizaron en una finca situada en el paraje conocido como 'Valdeurraca', de la capital malagueña, las obras de construcción de una vivienda unifamiliar aislada de unos 70 metros cuadrados, careciendo de la licencia municipal necesaria.

Además, la construcción que se estaba ejecutando se ubicaba en un suelo clasificado como "no urbanizable común", según se precisa en el escrito de acusación provisional del ministerio público, al que ha tenido acceso Europa Press, una circunstancia que "era conocida por los acusados", añade.

Esto fue detectado en octubre de 2003 por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en una inspección, aunque en junio de 2007, cuando los efectivos de este cuerpo realizaron una nueva visita para averiguar los hechos denunciados, observaron que la vivienda "se hallaba aún en construcción", señala el fiscal.

Cuando el Ayuntamiento de Málaga detectó las supuestas infracciones, se inició por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo un expediente sancionador, según asegura la Fiscalía en su escrito provisional, y además se acordó la suspensión inmediata de las obras en julio de 2006.

Según la acusación, la vivienda en cuestión "carece de toda vinculación con explotación agrícola, ganadera o forestal, por lo que las obras no son legalizables", al considerar que contravienen lo dispuesto en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), además de "incumplir" las exigencias de parcela mínima.

Para el fiscal, los hechos relatados constituyen un delito contra la ordenación del territorio, del que acusa en concepto de autor a los dos procesados, solicitando que se les imponga las penas de un año de prisión y una multa de 15 meses, con una cuota diaria de 12 euros, es decir, 5.400 euros a cada uno.

Además, insta a que se proceda a la demolición de la construcción a costa de los acusados "con plena reposición del terreno a su estado primitivo y restablecimiento de la legalidad urbanística infringida". El juicio está previsto para el próximo día 21 de este mes en el Juzgado de lo Penal número 9 de la capital.