Las defensas aprovecharon ayer la repercusión mediática que arrastra el caso Malaya desde sus inicios, en marzo de 2006, para quejarse del juicio paralelo al que han sido sometidos los acusados. Especial hincapié hicieron en ello Rocío Amigo, letrada del principal procesado, Juan Antonio Roca, y Javier Saavedra, representante procesal del exregidor marbellí Julián Muñoz. Por impugnar, Amigo impugnó hasta la división del juicio en bloques, algo aceptado desde el principio por los letrados y las acusaciones.
La letrada del supuesto cerebro de Malaya introdujo determinadas modificaciones en su escrito, aunque subsidiariamente pidió que se aplicase la atenuante análoga de confesión y de comportamiento postdelictivo positivo. Pidió lo mismo por el desarrollo del proceso. Aseguró que ha sido «una instrucción del todo irregular, por cumplimiento anticipado de la pena y por juicio paralelo».
Hoy le toca el turno al Consistorio de Marbella y a la Junta de Andalucía y mañana comenzarán a leer sus escritos de conclusiones definitivas las defensas: se espera que haya cinco o seis intervenciones cada jornada de juicio para poner el cierre en julio del presente año. Luego, en un periodo que abarca desde los seis a los ocho meses estará lista la sentencia.
La confesión a la que aludió Amigo es la asunción por parte de Roca de los presuntos sobornos a ediles y a la recepción de pagos a promotores con intereses urbanísticos en Marbella. Eso sí, desvinculó los abonos de resoluciones urbanísticas favorables, lo que supone un cohecho impropio, penado con multa pero no con cárcel. El fiscal pide para Roca treinta años de prisión y multas por valor de 810 millones de euros. Además, habrá de enfrentarse a varios juicios más.
