Caso Malaya

El fiscal Anticorrupción solicita al tribunal una sentencia ejemplar

López Caballero asegura este caso "no supone un punto y final en la corrupción en Marbella, sino un punto y seguido"

 02:26  
El fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero consulta su ordenador durante el alegato final.
El fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero consulta su ordenador durante el alegato final.  Arciniega
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Aclara que el exasesor «no era multimillonario cuando llegó al Consistorio» y que no se ha encontrado más patrimonio suyo porque se deshizo de documentos

José Antonio Sau Lunes 18 de junio de 2012. Ayer era su día, y eso se notaba en el ambiente. Juan Carlos López Caballero, fiscal Anticorrupción y jefe del ministerio público en Málaga, hizo su informe final del caso Malaya, un proceso contra la corrupción que él impulsa desde noviembre de 2005, cuando nadie creía que pudiera acabar con la impunidad instalada en Marbella. Sus palabras iban revestidas de una inusual dureza: «Esperamos una sentencia ejemplar».

«La operación Malaya no es un punto y final en la corrupción en esta provincia, sino un punto y seguido, desgraciadamente. 15 años de corrupción dan para mucho», apuntó. En su opinión, ha habido «enriquecimientos ilícitos, en algunos casos espectaculares».

El exasesor de Urbanismo sonrió algunas veces y asintió en otras, aunque su abogada, Rocío Amigo, ya dejó claro ayer lo que piensan ambos del proceso: ha existido un juicio paralelo. De hecho, la abogada lo impugnó todo y pidió la nulidad de intervenciones telefónicas, registros y hasta de la división del juicio en bloques. Y, si es condenado, que se tenga en cuenta que el exasesor confesó. A ello se adhirieron prácticamente todas las defensas.

«No podemos afirmar que con la operación Malaya se ha puesto final al enjuiciamiento de estos comportamientos», aclaró. El fiscal se refería al informe de fiscalización del Consistorio marbellí entre 2002 y 2006, que podría dar lugar a nuevos procesos.

En relación a la ejemplaridad que pide para el fallo, López Caballero exigió «un mensaje nítido» del tribunal que preside José Godino. «No podemos permitir estos comportamientos. Por primera vez en nuestro devenir democrático se disolvió un ayuntamiento por el enfrentamiento reiterado con el imperio de la ley», apuntó.

Es más, reconoció que este caso ha supuesto el enjuiciamiento de 95 acusados, un número muy alto en el que quizás «se debiera haber incluido a algunos más», señaló.

Defendió la validez de las intervenciones telefónicas, avaladas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y el Tribunal Supremo (TS) en el caso contra el juez Urquía, que nació de Malaya; y recalcó que los registros fueron regulares y los efectos intervenidos, «utilizables».
Insistió en la validez de los acrónimos hallados en el ordenador de la oficina de Maras Asesores y el maletín de su presunto contable, Salvador Gardoqui, y rechazó, como pidió una parte en una pericial, que los archivos informáticos que las contienen fueran manipulados. «Los soportes informáticos se guardaron en una caja fuerte del juzgado porque se sabía la importancia de los archivos», indicó.

Atacó la pericial presentada por Roca, que no especifica «su patrimonio cuando entró a formar parte del Ayuntamiento». Su defensa siempre ha mantenido que cuando es contratado por el Consistorio, en 1991, ya tenía dinero de negocios anteriores. «Hay un enriquecimiento patrimonial muy importante. Ha diversificado sus inversiones millonarias en distintos ámbitos de la actividad económica», señaló, al tiempo que aseguró que esa acumulación «tiene lugar cuando ocurre su vinculación con Planeamiento 2000 y luego con la Gerencia de Obras y Contratas».

El fiscal aseguró que hay fondos que no se han encontrado. Dos de sus secretarias declararon en el juicio que «Roca, en un momento dado, ordenó el embalaje de determinados documentos que salieron de sus oficinas». «El perfil de Roca no es el de un multimillonario cuando llega a la corporación municipal»», dijo. «No es lógico que una persona con miles y miles de millones se ponga a trabajar por cuenta ajena, ni que cobre el desempleo en 1992. Conozco pocos trabajadores por cuenta ajena que tengan un patrimonio tan saneado», subrayó.

Patrimonio de Roca. El exasesor, recordó, ya reconoció un patrimonio de 20.000 millones de pesetas. Éste dijo que, tras fichar por Marbella, tenía unos 500 millones de pesetas. «¿Roca, con esos mimbres, puede financiar la compra de bienes muebles, inmuebles, helicópteros, barcos? Ésa es la pregunta fundamental», precisó. Llamó la atención sobre el hecho de que las rentas ilícitas han aflorado por la investigación, y sobre las incoherencias de Roca en sus diversas declaraciones: al principio decía que los bienes eran de sus presuntos testaferros y luego admitió que las sociedades, hasta 70, eran suyas. «Se oculta con terceros», reconoció.

Fueron la posición de dominio de Roca sobre la corporación y el «urbanismo a la carta», con un PGOU en revisión «que daba grandes oportunidades de negocio en Marbella», el caldo de cultivo al que acudieron «raudos determinados promotores», empresarios que pagaron a Roca.

Asimismo, indicó que había «una estrategia jurídica perfectamente diseñada donde se contaba con la respuesta tardía de la justicia» y una «clara convicción de política de hechos consumados». Hoy le toca el turno a las acusaciones particulares.

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