Caso 'Malaya'

El Consistorio marbellí le reconoce a Roca una ´mente privilegiada´

La acusación particular lo califica de persona "hábil" con el instrumento del poder municipal a su servicio

 
De izquierda a derecha, los abogados del Consistorio marbellí y de la Junta, Alberto Peláez y José Manuel Delgado Utrera. Delante, el fiscal López Caballero.
De izquierda a derecha, los abogados del Consistorio marbellí y de la Junta, Alberto Peláez y José Manuel Delgado Utrera. Delante, el fiscal López Caballero.  Arciniega

José Antonio Sau ­El letrado que ejerce la acusación particular en el caso Malaya en nombre del Consistorio marbellí, Alberto Peláez, expuso ayer su informe final en el que, pese a sus duras palabras contra Juan Antonio Roca, principal procesado, y los herederos de Jesús Gil, elogió implícitamente la capacidad del exasesor para los negocios y el urbanismo: «Es una persona hábil, una mente privilegiada que tenía el instrumento: el poder municipal».

Al tiempo de decir eso, Roca apuntaba en su libreta sonriendo mientras Óscar Alberto Benavente, testaferro del exasesor, lo miraba atentamente. El elogio al talento del exasesor de Urbanismo tenía, sin embargo, un matiz negativo, puesto que el letrado se refería a operaciones urbanísticas presuntamente delictivas cometidas, precisamente, porque la corporación municipal marbellí estaba al servicio del Jefe, como todos llamaban a Juan Antonio Roca. Ése era su instrumento.

Por lo demás, el abogado se adhirió a casi todo lo solicitado por la Fiscalía, y tras hacer un detallado e imaginativo repaso por los antecedentes de la operación Malaya, hablando de las 30.000 viviendas, aseguró que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del 98, el que la Junta tumbó, fue hecho «a retazos y en base a acuerdos privados con los promotores», en clara alusión a los convenios firmados con empresarios: «¿Qué modelo de ciudad cuando se lo han cargado?», se preguntó Alberto Peláez.

El letrado aseguró que todo lo que no fuera revisar las licencias de obra ilegales concedidas en época de Gil era «estar y seguir en la prevaricación». Con la excusa de que el gobierno de Marisol Yagüe estaba en contacto con la Junta de Andalucía para la normalización urbanística de Marbella, se siguió «en una continuidad delictiva desde los equipos de Gil». En su opinión, el desmadre en la gestión de las sociedades municipales fue «monumental, pero eso cambia con Yagüe porque están cercados. Nunca se había querido un plan».

El abogado añadió que Roca era el gerente de Planeamiento 2000 y una especie de «alcalde o coalcalde, porque mandaba y todo el mundo iba a preguntarle». «Él no aparecía por la plaza de los Naranjos porque el Consistorio se llevaba desde otros lugares», precisó.

La normalización encabezada por Yagüe sirvió para «consolidar ilegalidades»; en la asesoría jurídica no había funcionarios, sino personal contratado y al secretario se le afeaba todo. La víctima de todo ello fue, sin duda, expuso, la corporación municipal.

Un relato fantástico de una ciudad con 30.000 casas ilegales. El letrado del Consistorio empezó su exposición imaginándose un relato fantástico sobre Marbella en la que una vecina se despierta pensando «que su ciudad ha cambiado», y en la que de pronto hay 30.000 viviendas nuevas, «acompañadas de moradores y escrituras, y ese gobierno local responsable debía dictar alguna normativa que regularizara la situación creada de manera inesperada».

Como si las casas hubieran crecido como «setas en el campo». Pese a todo, «ello no es así». El 14 de octubre de 2005 ­–cuando se empieza a investigar el caso Malaya– «es el último eslabón de una cadena delictiva que se inició en el 92». Recordó el abogado que los principios de Gil fueron las sociedades y el urbanismo». «Cuando pasa el tiempo a los gobiernos del GIL se les pone cerco», precisó en alusión a la fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas desde 1999. «Se pone cerco a una arbitrariedad urbanística latente», indicó. Al Consistorio, en referencia a los cimientos y antecedentes del caso Malaya, le interesaba la ambigüedad urbanística, y por eso no publicó el PGOU de 1986 y cuando la Junta ordenó que se publicara, recurrió la decisión. La Junta de Andalucía, por su parte, aseguró que Roca seguía gestionando los convenios.

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