Los sindicatos al unísono rechazan de plano el plan de recortes aprobado ayer por la Junta de Andalucía y anuncian nuevas acciones de protesta pero sin unidad de acción. Hoy han convocado manifestaciones, asambleas y concentraciones como respuesta a estas medidas, que califican de «injustas». Ahora, la única «esperanza» es que en su trámite en el Parlamento andaluz no prospere o que se modifiquen aspectos, según comentaron a este periódico los representantes de los diferentes sindicatos.

Hoy, a las 20.00 horas, CCOO y UGT han convocado una manifestación que saldrá desde la Alameda de Colón en contra de los recortes a los funcionarios públicos de la Junta y contra la reforma laboral. Otros sindicatos, entre los que se encuentran CSIF, Sindicato Médico, Satse, Saja, Apia, Usae o Anpe han convocado a las 20.00 horas una concentración en la calle Larios.

«Las protestas van a seguir. Ahora el plan de recortes pasa al Parlamento andaluz y es susceptible de algún cambio. Quizás nos llevemos la sorpresa y no se apruebe y el socio de gobierno del PSOE, IU, no lo apoye», se mostró esperanzado el secretario provincial del Sindicato de Enfermería (Satse), Eugenio Pérez.

«Los recortes no son justos, no han querido negociar, no han buscado otras alternativas y han recortado de donde era más fácil, del sueldo de los funcionarios, el bolsillo de los trabajadores», declaró Pérez. Los delegados sindicales concluyeron ayer encierros de 24 horas y recogieron más de 11.000 firmas contra los recortes en sanidad.

Algunos de los centros donde se desarrollaron estos encierros fueron el Clínico y Carlos Haya y en los mismos participaron tanto enfermeros, como médicos y otros profesionales del sector. Antonio Martín Noblejas, delegado del Sindicato Médico en el Clínico, señaló ayer que hoy tendrá lugar una nueva asamblea en el centro. Por su parte, el responsable de Sanidad de CCOO en Málaga, Rafael González, destacó también que seguirán las protestas.

«Queda el trámite parlamentario, a ver si nuestras propuestas salen adelante. Las medidas son injustas», reseñó.

Las áreas de función pública de los sindicatos CSIF, UGT, Safja y Ustea también rechazaron ayer el plan de ajuste aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta, que «perjudica a los empleados públicos y a todos los ciudadanos, por la merma de la calidad de los servicios», ante lo que han anunciado, cada uno por su lado, la realización de nuevas movilizaciones, aunque no habrá una total unidad de acción de todas las centrales.

CSIF-A consideró el de este martes un «día negro y de luto» para los empleados públicos y para la Comunidad tras el «decretazo» impuesto para aprobar el plan de ajuste «sin consensuarlo con los sindicatos presentes en la Mesa General de la Función Pública».

Sindicatos piden al fiscal que investigue ilegalidades en recortes. Los cinco sindicatos representativos en Justicia, CSIF, SPJ-USO, CCOO, UGT y STAJ, presentaron ayer un escrito dirigido a Jesús García Calderón, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, instándole a que inicie las acciones judiciales oportunas para investigar la posible ilegalidad en que pudiera incurrir la Junta de Andalucía al poner en práctica los recortes salariales en Justicia. «De la forma que nos han anunciado estimamos que es ilegal, ya que para esta nueva reducción salarial nos tienen en cuenta todas las retribuciones, incluidas la parte de las mismas que no nos abona la Junta, sino la Administración central, al tener los cuerpos al servicio de la Justicia la consideración de funcionarios nacionales y venir las cantidades transferidas de Madrid», apunta el sindicato.

Esto motiva, según los sindicatos, que el ahorro de la Junta de Andalucía no sea del 5% en el caso de los funcionarios, sino de más del 25% que abona el Ejecutivo andaluz. Igualmente, dicen las centrales, en el escrito se insta al fiscal jefe para que, en aras de dar ejemplo de austeridad, solicite la paralización de las obras de remodelación de la nueva sede de la Fiscalía del TSJA, que se ubicarán en el antiguo edificio del Banco de España, en la Gran Vía granadina. Estas obras, «totalmente innecesarias al haber sitio para el fiscal en el Palacio de la Chancillería y que suponen un gasto prescindible, ascienden a seis millones de euros». Ello supone, dicen, un 60% de la cantidad que la Junta pretende ahorrarse con el nuevo recorte de las nóminas de los funcionarios de los cuerpos inferiores de la Administración de Justicia, sin que haya recortes para los superiores, según informa José Antonio Sau.