Caso 'Malaya'

´La corrupción en Marbella no se quiso o se supo atajar´

El abogado del dueño de Aifos asegura que hubo un fallo pluriorgánico del Estado de Derecho en Malaya

 

José Antonio Sau El abogado del dueño de Aifos, Jesús Ruiz Casado, hizo ayer en su alegato final del caso Malaya una reflexión casi sociológica para escapar del «simplismo» que embarga a las acusaciones del proceso. Así, precisó: «La corrupción en Marbella era una realidad evidente, pero ni la administración central ni la autonómica quisieron o pudieron atajarla durante lustros». «Ha existido un fallo pluriorgánico y plurifuncional de nuestro estado constitucional de derecho», indicó, para contestar luego al fiscal Anticorrupción, que reclamó al tribunal una sentencia ejemplar: en su opinión, un fallo así es deseable para lanzar un mensaje «claro a la sociedad, de justicia y equilibrio», pero esa ejemplaridad «no se debe medir por los decibelios de los aplausos de los medios de comunicación cuando se dicte el fallo, ni tampoco por el peso de las medallas que se pongan los políticos, que se van a vanagloriar sin duda del resultado cualquiera que este sea».

Y repitió su mantra: «Se ha producido una quiebra institucional multisistémica que los ciudadanos no pueden ver repetirse en el futuro: las verdaderas causas deben conocerse».

Luego entró en el fondo del debate en relación con su cliente y la empresa que presidía, Aifos, cuatro de cuyos directivos, incluido Ruiz Casado, están acusados de pagarle cantidades millonarias a Juan Antonio Roca para lograr favores urbanísticos. «Las declaraciones de los directivos de Aifos –se refiere a otros– indicaban que las cantidades se pagaban a petición del señor Roca para que se dejara a la empresa en paz en relación con el desarrollo de un negocio hostelero después de lo que había pasado con el exceso de edificabilidad» del hotel Guadalpín.

Dudó de que los pagos totales de la empresa sumaran 4,8 millones de euros, cifra que rebajó de forma importante, y aclaró que si existieron iban a parar al Consistorio, no a contentar al exasesor. «Aifos se vio forzada a pagar. No consideramos aplicable el cohecho, sino la exacción ilegal: no se paga voluntariamente», indicó el letrado.

Éste recordó además que Aifos no está en Malaya, y que Marbella tiene que devolver cantidades de dinero a la promotora tras los convenios firmados. Eso sí, negó, como dijo Roca, que se pagara al exasesor de Urbanismo por su asesoramiento en convenios. La defensa del exdirector comercial de Aifos, Francisco García Lebrón, precisó que los pagos están justificados, mientras que el representante procesal de otro directivo, Genaro Briales, aseguró que su cliente no tuvo conocimiento de los hechos.

El representante del empresario Javier Arteche destacó que hubo un «enriquecimiento injusto» por parte del Consistorio, que vendió «humo», mientras que el defensor de Tomás Olivo, quien defendió que no ha habido prueba de cargo para romper la presunción de inocencia de su cliente, señaló que los hechos «parten de un profundo error». «No piense la sociedad que por el simple hecho de estar en el banquillo se es culpable», precisó.

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