El Gobierno, a través del secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, confirmó ayer que las diputaciones se harán cargo de gestionar los servicios obligatorios y mínimos de los municipios de menos de 20.000 habitantes. En el caso de Málaga, esto se traduce en que la Diputación «rescatará» a 85 municipios que no superen un «test de estrés» por la falta de recursos con la reforma de la Ley 7/1085 reguladora de las bases de régimen local, con la que el Ejecutivo prevé una reordenación y recorte de la carta obligatoria de competencias que prestan los ayuntamientos de las pequeñas poblaciones, como publicó recientemente La Opinión.
Beteta aseguró ayer en su comparecencia en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso que la reforma de la administración local «potenciará» el papel de las diputaciones provinciales, entidades que gestionarán «servicios obligatorios y mínimos» en municipios de menos de 20.000 habitantes. De este modo, se garantizará que estas pequeñas poblaciones no vean «mermados» sus derechos básicos.
También abogó por eliminar duplicidades y por construir administraciones más austeras, transparentes y que estén más «centradas en prestar servicios de calidad a los ciudadanos» y «sin gastar más de lo que se debe».
En el periodo de un año se someterá a los servicios públicos municipales y a los de las mancomunidades a un proceso de evaluación y, precisó, si en esa prueba los municipios con menos de 20.000 habitantes obtienen un resultado negativo debería ser una «causa determinante» para «encomendar esa prestación a las diputaciones provinciales».
Con esta especie de «rescate» de los pequeños municipios en apuros se «evitaría la supresión o fusión de municipios claramente incapaces de gestionar sus servicios obligatorios», según consta en el documento del Instituto Nacional de Administración Pública al que tuvo acceso este diario.
Por otro lado, Beteta indicó que para los municipios con más población se acordaría una fórmula supramunicipal para la prestación de servicios de «carácter voluntario».
Y es que el Gobierno, según Beteta, pretende que la reforma sea consensuada y, en ese sentido, indicó que «está siendo objeto de negociación» con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y con el PSOE, mientras que, explicó, ya la «conoce» CIU y «próximamente el resto de grupos parlamentarios y las CCAA».
El secretario de Estado también anunció que se reformará la ley de Haciendas Locales para definir un nuevo modelo de financiación de municipios que asegure el mantenimiento de servicios públicos esenciales. La reforma de la administración local, a su juicio, será «ambiciosa y realista» y distinguirá entre los servicios obligatorios que deben prestar los municipios y los voluntarios, e impedirá que se cubran los accesorios si previamente no se garantizan los obligatorios.
Las competencias ineludibles se reducen a nueve estrictamente locales (de alumbrado público a cementerios) y catorce compartidas con Estado y comunidades, que van desde el planeamiento urbanístico hasta la gestión del padrón municipal. El mantenimiento de colegios o los servicios sociales que exceden la mera atención «primaria» también se caen de la lista. Se trata de evitar una «amplísima cartera de servicios que invitan a una expansión incontrolable del gasto local», advierte la propuesta oficial.
