La delegada del Área de Promoción Empresarial y del Empleo del Ayuntamiento de Málaga, Esther Molina, presentará una moción en el próximo pleno municipal de este jueves para instar a la Junta de Andalucía a que no recorte en políticas de promoción de empleo.

Asimismo, se solicita, según ha dado a conocer la delegada este lunes en rueda de prensa, a que se mantenga la red de orientadores y agentes locales de promoción de empleo para garantizar la atención adecuada a los desempleados andaluces.

Según se indica, actualmente en Málaga y provincia existen paralizados 40 talleres de empleo, 27 escuelas taller y dos casas de oficio, "todos ellos proyectos que tenían que haberse puesto en marcha en enero". Esto supone que se dejarán de contratar a 2.300 malagueños, "ya sean como alumnos en formación o como empleados", precisan los 'populares'.

Esto se debe a que la Junta ha dejado de ejecutar en la provincia de Málaga 200 millones de euros en políticas de empleo, a pesar de que la Administración autonómica recibió en 2011 del Estado 693 millones para esta materia, "montante del que solo fueron capaces de ejecutar 458 millones".

Este asunto incide "especialmente" en las corporaciones locales, "pues existen ayuntamientos que tienen políticas de formación conjuntas con la Junta", han explicado. Sin embargo, señalan que en 2011 solo se ejecutó el 24 por ciento de lo presupuestado y, en 2012, la partida destinada a estas corporaciones se ha recortado en 37 millones.

APORTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO

En este sentido, el Ayuntamiento de Málaga se siente "especialmente orgulloso" de su aportación a las políticas activas de empleo con el trabajo desarrollado durante los últimos años por el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE), cuyas actuaciones han sido financiadas "exclusivamente" con fondos municipales, subrayan.

Además, desde el Consistorio agregan que el IMFE ha desarrollado en la ciudad "numerosos" proyectos en colaboración con otras administraciones públicas, en especial el Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía (SAE); entre las que destaca el programa de orientación profesional 'Andalucía Orienta', las escuelas taller y los talleres de empleo o los agentes locales de promoción de empleo.

En la moción se indica que unas 2.000 empresas de formación andaluzas, con más de 30.000 trabajadores, "están teniendo que soportar que la Junta les adeude más de 60 millones de euros", una situación "difícilmente sostenible que ha obligado a suspender más del 90 por ciento de las ofertas de cursos dirigidos a desempleados".

Además, el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Málaga advierte de que, el próximo año, el 90 por ciento de estas empresas "podría llegar a desaparecer, lo que afectaría a unos 27.000 trabajadores que se verían despedidos".