La defensa del empresario Cristóbal Peñarroya, acusado en el caso Malaya, aseguró ayer en el juicio que fue la Junta de Andalucía la que «creó el caldo de cultivo ideal para todo tipo de arbitrariedad o corruptela» en el ámbito del urbanismo al dejar a la localidad «sin norma urbanística». Durante la sesión de ayer, además del abogado de Peñarroya, las defensas de José Ávila Rojas, Manuel Lores, Rafael Gómez Sandokán y José Andrés León Rull expusieron sus informes finales en los que coincidían en solicitar una sentencia absolutoria para sus patrocinados.
El letrado de Peñarroya dijo que la actuación de la administración andaluza, parte acusadora en la causa, «produjo un efecto terriblemente nocivo, que es que dejó a Marbella sin norma urbanística2, ya que, según dijo, el Plan General de Ordenación Urbana de 1986 no estaba publicado y «no era aplicable», y la revisión del plan de 1998 «estaba formalmente suspendida» por dicha administración.
También se refirió al Ayuntamiento marbellí, del que dijo que tenía «una desesperada necesidad económica», por lo que «se inició una carrera de suscripción de convenios urbanísticos con finalidades exclusivamente recaudatorias», insistiendo en que 2se utilizaba el urbanismo para recaudar no para ordenar» y en que el Consistorio «recaudaba compulsivamente» e «impuso» como planeamiento la revisión del plan. «A esta actitud no fueron ajenos los servicios jurídicos, los técnicos, el interventor y el tesorero», añadió el letrado del promotor, quien reiteró que todas estas actuaciones en el ámbito del urbanismo se hicieron «a la vista, ciencia y paciencia de todos los servicios municipales».
«Nos estamos enfrentando a un simple caso de presunta corrupción política en este caso municipal como ha habido decenas de ellas en España, sin necesidad de detenciones masivas, juicios multitudinarios ni daños económicos y sociales a una zona privilegiada de España que tardará años en recuperarse de estas actuaciones», abundó el letrado.
Por otro lado, el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, rechazó ayer que las sentencias deban ser «ejemplares», frente a lo que defendió que tienen que ser «legales y justas», ya que «no se puede educar a golpe de sentencia».
De Llera respondió así al ser preguntado por la declaración del fiscal Anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, en el juicio del caso Malaya, donde dijo que esperaba que la sentencia sea «ejemplar» contra la corrupción. «Las sentencias tienen que ser legales y justas, no ejemplarizantes», dijo el consejero, que recordó que existen otros medios para «instruir» a la población y subrayó que las sentencias «están para lo que están, no para ejemplarizar».
También hablaron de este tema los abogados de los acusados. Como el de Peñarroya, que dijo que el diccionario recoge dos acepciones de la palabra. «La primera es modélica, justa y adecuada a derecho, y si es así, este letrado la comparte. La segunda, y me temo que es a la que se refería el señor fiscal, es una sentencia que sirva de escarmiento, es decir, una sentencia más dura que justa, algo que este letrado no puede compartir».
Los abogados alegan falta de pruebas. Los letrados de los empresarios acusados argumentaron la falta de pruebas que, a su entender, hay en esta causa contra sus clientes. Si la defensa de Peñarroya incidió en que las obras se realizaron «en absoluta legalidad» y en el carácter legal de las licencias de primera ocupación obtenidas por silencio administrativo, la defensa de Ávila Rojas alegó que en ningún caso las cantidades anotadas en los archivos informáticos intervenidos en Maras Asesores, vinculada a Roca, se refieren a dádivas a cambio de resoluciones urbanísticas, sino a liquidaciones de negocios «lícitos».
