La Junta advierte a los jueces de la Costa de que su actitud está fuera de la normativa

El Ejecutivo andaluz pidió a los jueces de instrucción de Marbella, Fuengirola y Marbella, basándose en una orden del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que no acudieran a las guardias con los ocho o diez funcionarios del juzgado, según el órgano concreto, sino con la mitad de la plantilla. Ello motivó protestas, quejas y una junta sectorial-territorial de los catorce jueces de instrucción más afectados en la que se decidió llamar a todos sus empleados públicos para hacer los servicios extraordinarios, dado que hay guardias con hasta treinta detenidos en esas tres localidades, especialmente en verano, Semana Santa o navidad. «La población se duplica», aclararon las fuentes.

En Málaga hay tres juzgados de guardia cada día: uno de detenidos, otro de incidencias y un tercero de juicios rápidos, mientras que en los tres grandes partidos de la Costa del Sol Occidental un órgano se encarga durante ocho días de las tres funciones, con lo que el trabajo, si se añade la población flotante de las vacaciones, se multiplica.

«La normativa vigente ofrece un conjunto de posibilidades suficientes para garantizar el adecuado funcionamiento del servicio de guardia en los partidos de Fuengirola, Torremolinos y Marbella», asegura la Junta, que añade: «Acudir a ampliaciones del servicio, ya sea del número de funcionarios o de órganos judiciales, únicamente está justificado cuando se produzcan circunstancias extraordinarias o excepcionales».

La normativa manda. Así, «no se ajusta a la normalidad la asignación realizada con carácter general, permanente e ininterrumpida, de la totalidad de los funcionarios del órgano judicial al servicio de guardia, tal como está ocurriendo en algunos de los juzgados de la Costa del Sol Occidental no sólo en verano, sino durante todo el año». Ello implica un «incumplimiento de lo regulado, toda vez que dicha asignación, prevista con carácter puntual y excepcional, convierte esa excepcionalidad y el carácter extraordinario de las mismas en una situación estructural, general, permanente e indefinida en el tiempo, lejos de los supuestos tasados y convirtiendo la excepcionalidad en regla».

La Consejería de Justicia ya ha trasladado la situación del servicio a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y espera su pronunciamiento. El TSJA, por cierto, en una primera resolución a la que ha tenido acceso este periódico, recuerda a los magistrados de instrucción de Fuengirola, Marbella y Torremolinos que deben ceñirse «a la normativa vigente». De ella se desprende que las guardias han de ser efectuadas por cuatro funcionarios, acordando la incorporación de otros -hasta ocho- «cuando sean precisos para la adecuada prestación del servicio, en el caso de que concurran circunstancias excepcionales».

Resolución del TSJA. La resolución, firmada por el secretario de la Sala del Gobierno del TSJA, Diego Medina García, y fechada el 5 de junio, reconoce que «los partidos judiciales afectados presentan una peculiar problemática, dada la notoria vocación turística de las localidades que los integran y que determina un considerable aumento de las actuaciones que deben llevarse a cabo en las guardias».

Esa situación puede entenderse «justificativa» de un posible incremento del número «inicial y prefijado» que deben prestar el servicio de guardia, «lo cual deberá estar debidamente motivado y justificado en cada caso y periodo concreto por el titular jurisdiccional, coordinadamente con el secretario judicial». El acuerdo, comunicado el 22 de junio, se hizo llegar a los jueces de las tres localidades afectadas.

Los togados seguirán llamando a toda la plantilla precisamente porque sus guardias pueden alcanzar los treinta o cuarenta detenidos en días punta; además han de atender a los denunciantes, los juicios rápidos y buscas y capturas de todos los juzgados del país. La razón básica de la Junta es que no hay dinero, según fuentes judiciales consultadas.