El concejal de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga, Francisco Pomares, presentó ayer la moción que el equipo de gobierno del PP llevará al pleno municipal de hoy para apoyar a las entidades sociales que «sufren el impago de la Administración autonómica» y en la que exigen a la Junta de Andalucía, tanto a la Consejería de Salud y Bienestar como a la de Empleo, a que «proceda al pago inmediato de aquellas subvenciones aprobadas en anteriores ejercicios y aún pendientes de ingreso».

«Las ONG de la ciudad están multiplicando sus esfuerzos para dar continuidad a los programas que desarrollan y tratar de mantener tanto los equipamientos como el personal técnico para ejecutarlos», aseguró Pomares. En este sentido, agregó que esta situación, «que se prolonga en el tiempo, está poniendo en peligro la supervivencia de estos colectivos y provocándoles la adquisición de deudas tanto en impago de nóminas de trabajadores como en la obligaciones tributarias», lo que, según el edil, «les impide estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones, requisito imprescindible para poder acceder a convocatorias públicas de las distintas administraciones».

El concejal añadió que estas entidades disponen de la resolución de concesión definitiva de convocatorias de concurrencia competitiva de la Consejería de Bienestar Social, así como de la Consejería de Empleo, en el caso de Centros Especiales de Empleo y Escuelas Taller, de 2012 y 2011 que han desarrollado los programas subvencionados adelantando esos fondos y que «son, fundamentalmente, los trabajadores los que están soportando el impago de sus nóminas».

Pomares criticó que «sólo han abonado de la Convocatoria 2011 de la Consejería de Salud y Bienestar Social las relativas a mantenimiento de asociaciones de discapacidad en el mes de marzo, quedando pendiente de pago los 83 proyectos de las asociaciones de Acción Social de Málaga en programas y en mantenimiento que suponen de 988.794,3 euros».

Aproinla denuncia su situación. Precisamente ayer, la asociación Aproinla, que trabaja en la inserción socio-laboral de personas con discapacidad intelectual en Málaga, aseguró que está al «borde del cierre, eldespido de los trabajadores y de mandar a 60 usuarios del Centro Ocupacional y Centro Especial de Empleo a casa» por el impago de la Junta, que les adeuda 150.000 euros, «lo cual nos asfixia y nos arruina», indicaron.

La asociación afirmó que si la situación no se arregla de aquí al mes de agosto tendrá que cerrar sus puertas y recordó que la Administración autonómica debe 30 millons de euros a los colectivos que atienden en Andalucía a personas con discapacidad.