La agrupación malagueña que reúne a la veintena de asociaciones de atención a discapacitados psíquicos que prestan sus servicios en la provincia denunció ayer que unos 1.000 empleos desaparecerán a partir del mes de septiembre, como consecuencia de la deuda de 3,5 millones de euros que acumulan distintas consejerías dependientes de la Junta de Andalucía.
La presidenta del Taller de la Amistad de Nerja, Cristina Fernández, subrayó que la situación es a fecha de hoy «límite», debido a que sólo resta liquidez en las arcas de estos colectivos para los dos meses de verano. «A partir de septiembre nos vamos a ver obligados a cerrar todas las instalaciones y quedarán sin servicios todos y cada uno de los discapacitados psíquicos cuya reinserción laboral o atención diaria depende de nuestro trabajo diario», aseguró a este periódico.
De las 20 asociaciones existentes en Málaga, nueve están a la espera de que la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo salde una deuda conjunta de 1.173.000 euros. Fernández criticó ayer que ante las elecciones autonómicas se les abonó «una mínima parte de lo adeudado», que ya ha sido superada con creces en los siguientes meses. Lo peor del estado que denuncian «es que se nos ha informado, de forma no oficial, de que no hay dinero y de que no lo habrá tampoco en los meses de verano». Es justo el periodo de vacaciones para representantes públicos y demás responsables de aligerar los pagos, según agregó.
Además del colectivo nerjeño representado por la propia Cristina Fernández, en la relación figuran Aspandem, APMIB Málaga, Aspromanis, Asprodisis, CEE Adipa o Aproinla. Ayer, tras celebrar un encuentro con el PP para explicarles su situación, acordaron iniciar paros temporales en su servicio, celebrar concentraciones y encierros de protesta e impulsar un «gabinete de crisis».
