La comarca de la Axarquía mostró ayer unas primeras diferencias entre dirigentes del Partido Popular y del Partido Andalucista, al analizar la medida anunciada por el Ejecutivo encabezado por Mariano Rajoy para suprimir todas las mancomunidades españolas. Mientras que la vicepresidenta la Mancomunidad axárquica, Natacha Rivas (PA), se mostró contraria a esta iniciativa y llegó a acusar de «intervencionista» al Gobierno central, para el alcalde de Vélez, Francisco Delgado Bonilla (PP), la propuesta respalda lo que él mismo planteó ya hace años.

«Siempre he defendido, y quienes han seguido mis discursos lo conocen y saben que no es algo que plantee ahora, que debemos apostar por adelgazar las administraciones. Es completamente necesario. Tenemos que evitar sobre todo la duplicidad, analizando el coste de los servicios, de forma que los vecinos y vecinas vean que se gestiona con eficacia», manifestó el consejero delegado de una empresa como Axaragua que, dependiente de la Mancomunidad, gestiona el agua en alta de la zona más oriental de la provincia e incluso, en periodos de sequías, sirve para abastecer a la capital.

«Aún es pronto para saber cuál será el procedimiento anunciado, qué condiciones se dan. Pero el camino es claro, el de no generar cada vez más administraciones, sino el de apuntalar lo que siempre he defendido yo, una administración, una competencia», agregó el regidor veleño, que a la vez lamentó la situación «caótica», en este sentido, que encontró al tomar posesión como alcalde. De hecho, durante el último año ha suprimido «diferentes departamentos municipales, como medida de ajuste y recorte».

A la espera del borrador. La vicepresidenta del ente comarcal y alcaldesa de Algarrobo, Natacha Rivas, matizó que todavía está a la espera de conocer el borrador del proyecto de ley: «La medida nos ha pillado por sorpresa. Lo que no entendemos es qué beneficios obtiene el Gobierno central al eliminar estos organismos, cuando no reciben de las mancomunidades nada. Parece más bien que quieran coartar la libertad de los ayuntamientos al intentar compartir servicios».

Rivas, además, considera que una iniciativa de este tipo crea alarma «si no existe un debate previo».