El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Málaga pagó con el dinero público asignado a este grupo el coste de la querella que la concejala Teresa Porras presentó contra el periodista de La Opinión de Málaga Javier García Recio a pesar de que ésta tenía carácter particular, según confirmó la anterior portavoz del grupo, Carolina España, que autorizó la operación tras consultar con el alcalde. El grupo se niega a hacer público el dinero gastado en la querella que fue desestimada primero por un juzgado de instrucción y después por la Audiencia provincial de Málaga.
Este periódico solicitó oficialmente conocer el precio de los servicios jurídicos contratados por Teresa Porras para tramitar la querella, pero la respuesta fue negativa por parte de los responsables del grupo popular.
La concejala interpuso una querella al periodista de La Opinión de Málaga por injurias y calumnias después de que este periódico publicara en marzo de 2011 varias informaciones de que la edil adjudicó contratos de obra menor a través de procedimientos supuestamente irregulares o de otras presuntas irregularidades ligadas a la adjudicación de contratos menores.
El 11 de abril de 2011 la concejala Teresa Porras contestó a una pregunta formulada por concejales socialistas que le requirieron para conocer quién iba a pagar los costes de la querella particular que iba a presentar contra Javier García Recio. La respuesta oficial fue que «dichos costes no van a ser pagados por el Ayuntamiento de Málaga, por lo que no caben más explicaciones al respecto».
El coste de la querella lo pagó finalmente el grupo popular del Ayuntamiento de Málaga con una parte del dinero público asignado para su funcionamiento.
Los responsables del grupo popular explicaron que tienen libertad para disponer del dinero que reciben como asignación, siempre dentro de las tareas lógicas del grupo y que siempre «ha sido habitual» costear las querellas o demandas que recibe algún concejal como consecuencia de su actividad política». Sin embargo, no supieron responder por qué en esta ocasión se ha costeado una demanda que no va dirigida contra un miembro del equipo de gobierno, sino que fue una demanda de un edil a título particular contra un tercero, en este caso el periodista de La Opinión.
El presupuesto del Ayuntamiento de este año asigna para los tres grupo municipales la cantidad de 201.744 euros para sus gastos de funcionamiento. De este total cada grupo recibe una cantidad fija mensual de 2.070 euros y otra cantidad de 342 por cada concejal elegido. El grupo popular, por tanto, recibe mensualmente 8.568 euros, de los que 6.498 son por sus 19 concejales.
Además, el Ayuntamiento paga los salarios del personal técnico y administrativo contratado por el grupo. También corre a cuenta del presupuesto municipal las oficinas, los gastos de agua, luz o telefonía, los ordenadores y servicios informáticos, así como todo el material necesario para una actividad administrativa.
Según las normas del presupuesto, los grupos están obligados a llevar una contabilidad «especifica» de las dotaci0nes recibidas, que deberá ser «justificada documentalmente». Además, según esa misma normativa, las cantidades a percibir por los grupos «no podrán destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación», ni a la compra de bienes patrimoniales.
