El PP en la Diputación exige a la Junta los 3,6 millones que adeuda a las ONGs

La Opinión El grupo del PP en la Diputación de Málaga exigirá a la Junta de Andalucía en el próximo pleno ordinario, que se celebra el martes 3 de julio, que abone los 3,6 millones de euros que adeuda a organizaciones no gubernamentales (ONG) de la provincia de Málaga que dan servicio a discapacitados intelectuales. El portavoz del equipo de gobierno, Francisco Salado, ha detallado que hay alrededor de 3.000 afectados por este impago "que corren el peligro de perder la atención que reciben".

La moción en la que figura esta petición al Gobierno andaluz está firmada por la vicepresidenta tercera, Ana Mata, y la diputada de Centros de Atención Especializada, Emiliani Jiménez. En ella se especifica que las entidades afectadas se han visto obligadas a adelantar los fondos de los programas subvencionados de los Centros Especiales de Empleo y las Escuelas Taller de 2011 y 2012, "a pesar de disponer de la resolución de la concesión definitiva de las consejerías de Bienestar Social y Empleo".

Salado ha destacado que como consecuencia de ello, los trabajadores de estas asociaciones están soportando el impago de sus nóminas. "Esta situación se prolonga en el tiempo y a día de hoy no hay respuesta alguna de las consejerías de Bienestar Social o Hacienda de la Junta de Andalucía, ni del Defensor del Pueblo Andaluz ni del vicepresidente de la Junta, Diego Valderas", ha criticado el portavoz popular. "Se están poniendo en peligro los cuidados de estas personas, entre las que hay menores que precisan atención especial", ha dicho Salado.

Adquisición de deudas por impago

La falta de respuesta a la que se refiere la moción del grupo del PP genera a estas entidades sociales, según el portavoz, "la adquisición de deudas por impago de nóminas y de obligaciones tributarias, lo que les impide estar al corriente de sus obligaciones y, por tanto, cumplir los requisitos imprescindibles para aspirar a convocatorias públicas de subvenciones de las administraciones".

En este sentido, la falta de pago por parte de la Junta de Andalucía aparta a estas ONG de la posibilidad de recibir ayudas económicas en otras instancias. Ello agrava aún más la situación que sufren, en la que ya tienen muy complicado prestar un servicio de calidad", ha dicho el portavoz. "En muchos casos estas ONG han tenido que recortar actividades, despedir a empleados o, en los casos más extremos, no seguir ofreciendo ayuda a los usuarios", recoge la moción.

"Las ONG malagueñas están multiplicando sus esfuerzos para dar continuidad a los programas que desarrollan y tratan de mantener tanto los equipamientos como el personal técnico que dan respuesta a las necesidades de una población de especial vulnerabilidad como la que sufre discapacidad intelectual", según Salado.

Esta realidad que denuncia el equipo de gobierno de la Diputación de Málaga la padecen todas las asociaciones que atienden a personas con discapacidad en Andalucía, por lo que la petición formal a la Junta la lidera la federación que las engloba, FEAPS (Confederación Andaluza de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual).

Por todo ello, el grupo del PP exige en la moción que la Junta de Andalucía pague los convenios, subvenciones y acuerdos adquiridos y aprobados con estas entidades en anteriores años y aún pendientes de ingreso. "Es obligación de todas las administraciones que una vez aprobada la concesión de subvenciones, se proceda al pago con celeridad para que puedan llevar a cabo su normal funcionamiento", según Salado.

Mata y Jiménez instan asimismo al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, a que "asuma con responsabilidad" la respuesta a la deuda que tiene contraída con las entidades sociales en general, "y en particular con aquellas que cubren necesidades de una población muy vulnerable".

Por último, la moción solicita un pacto socio sanitario de todos los grupos representados en el Parlamento de Andalucía "que permita una respuesta que ponga fin a la dramática situación de miles de familias de la región, afectadas por esta grave irresponsabilidad de la Junta".