La defensa del cuñado del principal acusado y presunto cerebro de la supuesta trama de corrupción en Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, ha puesto de manifiesto al Tribunal del caso 'Malaya', en el que está acusado, que "no alcanzamos a comprender en términos jurídicos y de mera lógica por qué se mantiene la acusación contra mi cliente y que no sea por razones que vayan más allá de su parentesco por afinidad con el señor Roca".

"¿Qué razón al margen del parentesco sirve para mantener la acusación a mi mandante?", se ha preguntado en su informe final del juicio el letrado de Antonio Jimeno, acusado de un delito de blanqueo de capitales al considerar las acusaciones que Roca se sirvió de él para comprar billetes y cupones de juegos de azar ya premiados con el fin de blanquear dinero presuntamente ilícito, ya que entonces trabajaba en una sucursal bancaria.

El abogado ha cuestionado el informe policial que sirvió para acordar la detención de su cliente, la de su hermana y la esposa de Roca, la de la hija de éste y la de otra persona --estas dos últimas absueltas tras retirarse la acusación contra ellas--, aunque ha recordado que se tardó un año en redactarlo y en informar sobre su contenido y ha apuntado que para entonces su cliente "llevaba ya un año fuera" de la entidad bancaria.

Ha señalado que el principal acusado tendría "muchas entidades bancarias donde ingresar el dinero". "No podemos considerar al señor Roca como una persona dotada con una inteligencia natural y avaricia desatada para justificar, deducir o inducir aquello que interesa a la instrucción pero negarle eso cuando el resultado fuera en contra de lo que pretende el juez", ha dicho, añadiendo que de la conversación intervenida en la que habla de premios no se extrae la compra de boletos.

Se ha referido al conocimiento que se le presupone a su cliente de las presuntas actividades delictivas de su cuñado y ha destacado que "si como dice le fiscal, desde 2002 todos tenían que haber puesto en duda cualquier actuación del señor Roca ¿Por qué esa exigencia lo es sólo para mi mandante y no para la entidad o la Fiscalía?". "O es notorio y público para todos o para nadie", ha apostillado, añadiendo que las entidades "querían tener a Roca como cliente".

"Lo que no se puede es condenar hoy a mi mandante por lo que debió de pensar o sospechar en 2005", ha apuntado el abogado, quien ha precisado que su cliente "no creía estar delinquiendo cuando aceptó tramitar el cobro de los premios de lotería", recordando que el procedimiento fue correcto y que se acusa con "conjeturas".

En esta sesión han informado, además, la defensa del empresario Carlos Sánchez, supuesto socio del principal acusado en varios negocios, según las acusaciones. Esta defensa ha señalado que su cliente "no entregó dinero a Roca" por una de las operaciones "ni fue fiduciario de nadie", indicando que no se ha probado la relación de Sánchez con otros procesados ni se han analizado sus cuentas bancarias ni sus negocios, partiendo "de una falsa verdad".

Así, ha considerado que a lo largo de la instrucción se "ha venido tratando como si fueran siameses procesales" a su cliente y al acusado Andrés Liétor, insistiendo en que Sánchez "no ha firmado un solo convenio, no ha solicitado licencia ni firmado operación de venta de solares". También ha aludido a la "trascendencia mediática" del caso "que sirvió para destruir, junto al ingreso en prisión, la imagen personal" de su patrocinado y ha supuesto "su ruina".

También ha expuesto su informe definitivo el letrado del empresario Ernesto Celdrán, quien ha asegurado que su cliente "no es el gestor de los intereses del señor Roca en Murcia" y ha considerado que el fiscal no debe pedir al Tribunal una sentencia "ejemplar" con el sentido de "ejemplarizante", solicitando a la Sala que dicte una resolución "rigurosa", cuestionando también los informes y a sus autores, en este caso, por la actitud.

Ha informado, además, la defensa del exedil Emilio Jorrín, solicitando una sentencia absolutoria, ya que, ha dicho, "jamás" estuvo imputado por delitos urbanísticos, no fue demandado por el Tribunal de Cuentas, no participó en la moción de censura, "porque entonces no era ni concejal"; no formó parte de las comisiones de gobierno, "era el único que no cobraba su asignación como grupo municipal" y no se le ha intervenido ninguna conversación telefónica.

DUPLICIDAD. Las partes, tanto acusaciones como defensas, han celebrado este lunes una vista en presencia del Tribunal para aclarar extremos sobre los procedimientos que fueron objeto de deducción de testimonio y que están en otros juzgados de Marbella. El ministerio fiscal ha considerado que el texto remitido por una de las defensas "supera las expectativas de acuerdo a las que habíamos llegado con las distintas defensas".

Ha recordado que el acuerdo versaba sobre que las actuaciones administrativas con fecha posterior a la moción de censura quedaban acogidos en el ámbito de la operación 'Malaya' y no se iba a perseguir por separado y que si las acusaciones particulares habían acusados por determinados convenios suscritos por corporaciones históricas con empresarios, estas causas quedaban excluidas de la deducción de testimonio.

Al respecto, ha indicado que "en cumplimiento estricto de ese pacto" en determinadas diligencias judiciales seguidas en otros juzgados de Marbella se ha pedido el archivo de las mismas, alegando en esos procedimiento que los hechos forman parte de acusación en 'Malaya' por parte de la Junta de Andalucía y de seguirse la tramitación en ambos casos habría duplicidad. "Se está acatando el acuerdo que alcanzamos", ha dicho.

Ha dicho que con la propuesta realizada ahora "se está interesando que la Sala acuerde la suspensión de determinados procedimientos que no han sido objeto ni del auto de procesamiento ni de enjuiciamiento en la causa con el pretexto de que se han mencionado", mostrando su oposición a que "la operación 'Malaya' blinde a toda persona, haya sido o no procesada, en esta causa en relación con actuaciones administrativas históricas" y ha apostado por "depurar" los hechos.

Letrados de varios acusados han expuesto sus distintas posturas respecto de esa duplicidad de procedimientos, con el fin de evitarlos y evitar un coste innecesario.