Javier Muriel, letrado del exconcejal Emilio Jorrín, solicitó ayer, en su alegato final, que el Ayuntamiento de Marbella y la Junta se hagan cargo de las costas del proceso, puesto que, en su opinión, «han litigado con mala fe utilizando el juicio como megáfono político, movidos por intereses bastardos y con un absoluto desprecio por la búsqueda de la verdad».

Muriel recordó que Jorrín nunca fue imputado por delito urbanístico, ni demandado por el Tribunal de Cuentas; estaba en la oposición (por el GIL); no ha cambiado ni una coma de sus tres declaraciones, no hay conversaciones telefónicas que lo impliquen; jamás ha formado parte de una comisión de gobierno ni apoyó la moción de censura –no era ni concejal– y no hay relación entre los pagos que percibió y su nivel de vida, ni aparecen éstos en cuentas bancarias.

Además, recordó que no cobraba su asignación como grupo municipal ya que era el único representante del GIL, y cada apunte de Maras responde a una anotación distinta.

También atacó la «desproporcionada» actuación policial, y aseguró que la Fiscalía le indicó a la policía cómo debía investigar. Atacó los archivos de Maras, donde pueden leerse referencias a dos personas con el nombre del edil: «¿Quién es Emilio1?».

Hizó mucho hincapié en el hecho de que Jorrín era un edil de la oposición, y aseveró: «Roca ha faltado a la verdad desde el minuto uno, lo cual es entendible. Maras es solo una estrategia documental». «Dice que pagaba a los ediles del tripartito para mantenerlos unidos, y una vez que el tripartito desaparece por el cese del Partido Andalucista, empieza a pagar a Jorrín por la precariedad de la mayoría absoluta. A no ser que Roca tenga el vicio de regalar dinero, él mismo reconoció el pasado 13 de diciembre que el voto de Jorrín era inútil por innecesario».

Ayer también intervino el abogado del cuñado de Roca, Antonio Jimeno, quien se quejó de que el parentesco es la única causa para mantenerlo acusado. La defensa del empresario Carlos Sánchez, por su parte, negó que su cliente entregara dinero a Roca ni fuera fiduciario de éste.

Fiscalía y defensas siguen sin llegar a un acuerdo sobre el destino de las treinta piezas separadas del caso Malaya que se instruyen en Marbella.