El pleno de la Diputación Provincial de Málaga aprobó ayer exigir a la Junta de Andalucía que realice el pago de los convenios, subvenciones y acuerdos adquiridos y aprobados en anteriores ejercicios cuyo ingreso aún está pendiente a las organizaciones no gubernamentales de la provincia que prestan servicio a los discapacitados intelectuales.

La diputada provincial popular Ana Mata afirmó que éstas pasan por una situación «crítica», por lo que presentó una moción en la que se destaca el esfuerzo realizado por dichos colectivos para continuar con los programas que llevan a cabo y tratar de mantener tanto los equipamientos como al personal técnico.

Mata explicó que estas entidades, representadas en el pleno por algunos de sus miembros que escuchaban atentamente desde la grada, tienen concedidas ayudas por parte de las consejerías de Salud, Bienestar Social y Empleo de 2011 y 2012, y que han desarrollado los programas adelantando esos fondos, pero los trabajadores están sufriendo los retrasos con el impago de sus nóminas.

Así, precisó que la Junta adeuda sólo a las asociaciones de la provincia 3.662.299 euros, lo que afecta a más de tres mil malagueños, los beneficiarios de los programas puestos en marcha por las asociaciones.

Por otro lado, expuso que esta situación supone que generen deudas por impago de salarios y de obligaciones tributarias, lo que imposibilitará acceder a nuevas ayudas, ya que las convocatorias requieren que estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones.

En este sentido, el portavoz popular en el ente supramunicipal, Francisco Salado, sentenció que el hecho de que «la Junta no pague es otra manera de recortar».

Ley de Bases de Régimen Local. Por otro lado, no salieron adelante las mociones presentadas por los grupos de PSOE e IU contra la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local propuesta por el Gobierno.

Salado resaltó que por ahora sólo existe un borrador sobre el que tendrán que trabajar y debatir, y criticó que se hagan «presunciones» sobre un proyecto de ley no aprobado aún. En este sentido, y en referencia a la posible eliminación de las mancomunidades y consorcios, expuso que «se llame como se llame el organismo», los servicios están garantizados, al tiempo que expuso que es necesario buscar fórmulas para que la administración sea «más barata» manteniendo la calidad.

Para IU, la modificación implica la vulneración del principio de autonomía local, y considera que en el transfondo de la reforma está «el antiguo espíritu centralista del PP».

Por su parte, el portavoz socialista, Francisco Conejo, recalcó su rechazo a la propuesta y señaló que el Gobierno «quiere concentrar el poder en vez de acercarlo a los ciudadanos», recordando que los ayuntamientos son «las entidades más próximas» que éstos tienen «para resolver sus problemas» cotidianos.