El Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga ha condenado a una multa de 60 euros a una joven prostituta por una falta de orden público cometida al desobedecer a una patrulla de la Policía Local que le advirtió en dos ocasiones de que no podía seguir ejerciendo. La sentencia, fechada el 18 de mayo de 2012, es la primera que se produce contra una profesional del sexo desde que entrase en vigor, en diciembre de 2010, la ordenanza de convivencia del Ayuntamiento de Málaga.

Esta ordenanza prohíbe, en su artículo 36.5, las prácticas sexuales y el ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación directa o indirecta de servicios sexuales en la vía pública si éstas afectaran a la convivencia ciudadana, es decir, si se realizan a menos de 200 metros de centros docentes, educativos, parques infantiles, zonas residenciales o cualquier otro lugar en el que se realicen actividades comerciales o empresariales. Las multas oscilan entre los 750 y los 1.500 euros.

En el caso de esta prostituta, reflejado en la sentencia a la que tuvo acceso en exclusiva La Opinión de Málaga, los policías locales observaron, entre las 20.35 y las 21.10 horas del 23 de abril de este año, cómo la denunciada «ofrecía servicios sexuales en la vía pública de la localidad, a pesar de haber sida advertida por éstos, sobre las 17.00 horas del mismo día, de que no podía ejercer dicha actividad».

Así, la juez la sanciona por una falta de orden público a pagar 60 euros de multa, ya que desobedeció «levemente» a los funcionarios de policía. En puridad, lo ocurrido es que la actividad de la mujer es sancionada penalmente en base a la ordenanza, aunque no consta en el fallo si se le multó administrativamente.

Este periódico se puso en contacto ayer con el fiscal de Extranjería de Málaga, Juan Bermejo, quien señaló que la ordenanza «no prevé que esa actividad tenga tratamiento penal como en el caso de los aparcacoches». De hecho, en relación a futuros casos similares ha elevado una consulta a la Jefatura de la Fiscalía para que ésta determine la forma de actuar, e insistió: «No deberían tener relevancia penal, sino morir en la vía administrativa».

Recordó que a finales de 2011 se firmó por el Gobierno y la Fiscalía General del Estado un protocolo de protección a las víctimas de trata de blancas. «Me preocupa mucho que la mayoría de esas chicas, que aparentemente ejercen voluntariamente la prostitución, en realidad, como se desprende de las investigaciones de la policía y la Fiscalía, son objetos de trata con fines de explotación sexual», reflexionó, y agregó: «Obviamente, si el primer abordaje que hace la policía es multarlas, difícilmente se conseguirá la correcta identificación de las víctimas».

En este sentido, aclaró que incluso estas mujeres explotadas, debido a esas multas, podrían evitar denunciar a la Policía Nacional su situación por las mafias. «Se las manda a los clubes y las invisibilizan más», indicó. Por ello, expuso que su objetivo es impulsar un protocolo de actuación con la administración local que «satisfaga a todas las partes» y permita un mejor abordaje del problema.