La policía denuncia a las prostitutas tras el tercer apercibimiento en 24 horas

Si están fuera del área asignada, se les levanta acta tras tres avisos en un mismo día, lo que supone ir a juicio

José Antonio Sau La primera condena a una prostituta por desobedecer la ordenanza de convivencia del Ayuntamiento de Málaga está generando polémica. Esta norma prohíbe ejercer la prostitución a menos de 200 metros de colegios, zonas residenciales o polígonos industriales o comerciales. Para reprimir la actividad se prevén fuertes multas, pero más allá de la vía administrativa, la Policía Local denuncia a las trabajadoras del sexo por una falta contra el orden público tras tres apercibimientos en un solo día.

El fiscal de Extranjería, Juan Andrés Bermejo, aseguró a este periódico que la ordenanza «no prevé que la prostitución tenga tratamiento penal como en el caso de los aparcacoches». Es decir, tras varios avisos, a la prostituta que ejerza fuera del área asignada en el polígono Guadalhorce se le imponen multas de entre 750 y 1.500 euros, pero no se le juzga. «No deberían tener relevancia penal, sino morir en vía administrativa», señaló.

Además, en su opinión si a estas mujeres se les multa difícilmente denunciarán a las mafias que las sojuzgan. Por esa sentencia, que acabó con una multa de 60 euros por una falta contra el orden público para una mujer advertida en dos ocasiones el mismo día mientras ejercía la prostitución en el Guadalhorce, el fiscal ha elevado una consulta a la Jefatura de la Fiscalía para que resuelva el asunto, y además pretende impulsar una mesa de trabajo con la administración local que permita un mejor abordaje del problema.

Tres apercibimientos. El edil de Seguridad de Málaga, Julio Andrade, niega que la Policía Local tenga más instrucción que aplicar la normativa, pero sí reconoce que, «al tercer apercibimiento, en determinados casos se levantan actas por desobediencia, normalmente cuando se menoscaba la autoridad de los agentes, pero son casos aislados». Es decir, en pocas ocasiones, según el Consistorio, se envía a estas trabajadoras a juicio por una falta del orden público (en el caso concreto de la sentencia se trata de desobediencia leve a la autoridad).

Andrade recuerda que tienen una zona asignada tras los desguaces para ejercer su actividad. «Sólo se las sanciona fuera de allí», precisó, y afirmó que en torno a 1.000 personas dedicadas a la prostitución han sido sancionadas administrativamente, por cierto un trámite bastante largo.

El edil asegura que el Consistorio está «encantado» de sentarse con la Fiscalía de Extranjería para tratar de «establecer mecanismos y protocolos que faciliten la denuncia» de estas mujeres contra las mafias. «Nos gusta que la Fiscalía impulse esa mesa de trabajo y si podemos contribuir en algo y mejorar el protocolo, lo haremos», indica. Andrade también destaca que la ordenanza es necesaria en la capital, puesto que no existe norma autonómica o estatal al respecto: «No perseguimos la prostitución, queremos que desaparezca de la vía pública en la que se molesta al ciudadano».

Prostitutas. Tatiana García, que representa a las trabajadoras del sexo que ejercen en el Guadalhorce, se queja de que se lleve a juicio a una mujer por ejercer la prostitución, pero afirma que muchas de esas chicas que están siendo tratadas son las primeras remisas a denunciar su situación por el miedo que padecen.

«Yo llego a las nueve o diez y me voy a la una o dos de la madrugada; una chica que está todo el día y la noche allí está siendo tratada, explotada», dijo.

La asociación que preside no está en contra de la ordenanza, pero recuerda que el sitio que les ha cedido el Consistorio está en malas condiciones: «Han de acondicionarlo mejor». «De lo que estoy en contra, como en este caso, es que se juzgue el trabajo sexual en la calle».

Es más, asegura que muchas trabajan en la zona acondicionada, tras los desguaces, pero otras tantas lo hacen a pleno día en el polígono: «No se puede obligar a la gente a que trabaje allí; además, muchas, cuando cogen a sus clientes, se van a lugares en los que cumplen la ordenanza», precisa García. En el fondo, admite que hay algunas meretrices que no quieren trabajar donde se les marcó.

Pide, a un nivel más amplio, que no se multe a los clientes pues las trabajadoras del sexo son las más interesadas en que se cumpla la normativa, y asegura que las presiones policial y legal, unida a la crisis, les está generando un severo perjuicio. «Debe regularizarse el trabajo en la calle», subraya García.