Los continuos impagos por parte de la Junta de Andalucía a las asociaciones que aglutinan a las personas con discapacidad hacen que muchas de ellas vivan una situación límite y desesperada. Las cuentas no salen y los servicios siguen activos por lo que para muchas de ellas el cierre sería la opción mas viable, pero la conciencia social y moral de aquellos que las conforman les hace continuar a pesar de las dificultades económicas que experimentan.
Existen dos tipos de deudas por parte de la institución pública con las asociaciones; la social, que aborda los conciertos de las plazas y que repercute a la mayoría de las asociaciones; y la deuda ligada al empleo, que es la subvención dirigida a ayudar a aquellas corporaciones que cuentan con centros especiales de empleo.
En la actualidad, la deuda en Málaga asciende a más de 3.400.000 euros que se reparte entre las 26 asociaciones que pertenecen a la Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS) ubicadas por toda la provincia , según explicó la gerente de la Federación Malagueña de Asociaciones de Personas con Discapacidad Intelectual (AMADPSI), Carmen Martín.
Todas las asociaciones contemplan algún tipo de impago por parte de la Junta y más del 90 por ciento de las registradas son concertadas, la principal deuda. Ninguna se salva aunque no coincidan en los meses de impagos que acumulan.
A día de hoy todavía no han prescindido de servicios ninguna de las asociaciones en Málaga, la situación es «crítica», según Carmen Martín, que mencionó otras ciudades como Sevilla para explicar que habían comenzado a recortar algunos servicios que ofrecían por falta de solvencia económica.
«La Junta de Andalucía se aprovecha de que tenemos un colchón pero se está acabando y las asociaciones sobreviven a costa de los padres», expresó la gerente de AMADPSI.
Algunas asociaciones continuan con sus servicios gracias a cuotas comunitarias que dan mensualmente los familiares de los afectados o a través de cuantías económicas que aportan ayuntamientos, cofradías u otros colectivos, sin contar con los propios fondos que tienen una minoría de las asociaciones y que emplean ahora o han utilizado ya para seguir con sus funciones y pagar al personal.
La asfixia económica que presenta este colectivo les ha hecho plantear incluso un cierre general si no reciben alguna respuesta por parte del organismo público, pero su eterno debate sobre qué hacer con aquellas personas que no tienen familia o que pertenecen a la unidad de gravemente afectados y necesitan atención especializada, les frena.
No todas las personas con discapacidad que se benefician de los servicios que ofrecen las diversas asociaciones requieren los mismos cuidados. Los que pertenecen a lo que denominan las unidades de gravemente afectados son personas que necesitan por norma general más atención que el resto de individuos. Además, sus circunstancias hacen que sean imposible de tratar en una vivienda normal que no esté adaptada a ellos.
La Junta no responde
El portavoz regional de la FEAPS, Matías Rodríguez, cifró en 35 millones de euros la deuda total que mantiene la Junta de Andalucía en la comunidad autónoma.
«No hemos hablado con nadie a pesar de tener mesas de negocios con las consejerías», aseguraba Rodríguez, que apuntó que el único encuentro que tuvieron fue con el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, que se remitió a decir que «no hay tesorería».
«Se trata del colectivo más vulnerable», señalaba el portavoz que apeló a la sorpresa que supuso el pasado 27 de junio que le negaran la entrada a la Consejería de Economía y Hacienda, por lo que no pudieron contactar con nadie para abordar la problemática.
Entre el calendario de reivindicaciones que preparan como medida para exigir los diversos pagos, Matías Rodríguez declaró que estudian la posibilidad de realizar un cierre casi completo durante un día que aún no tiene estipulada su fecha, pero serán en el mes de septiembre u octubre.
