Más de 6.000 médicos se congregarán en el Palacio de Ferias y Congresos de la capital malagueña entre los días 26 y 29 de septiembre con motivo de la celebración del XXXIV congreso nacional de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen). El concejal de Cultura, Turismo y Deporte, Damián Caneda, acompañado del representante andaluz de Semergen, Juan Sergio Fernández, subrayó ayer ante los medios que la cita tendrá un impacto económico superior a nueve millones de euros, según Meeting Professional International, con un gasto medio diario por cada congresista de 400 euros.

Se trata de uno de los mayores congresos que, hasta la fecha, acogerá la ciudad, que trabaja para posicionarse como destino preferente en este sector y generó en 2011 un beneficio próximo a los 70 millones de euros. A su vez, todas las áreas municipales se coordinan actualmente para que el evento «salga a la perfección», sentenció Caneda.

Tras dos ediciones celebradas con anterioridad en Andalucía, en Sevilla en 2004 y Granada en 2007, el representante andaluz de Semergen y también presidente del comité organizador del congreso expresó que el eje central de esta nueva cita girará en torno a la atención a los pacientes crónicos, una población que ha aumentado al elevarse la esperanza de vida. Afrontar el aumento de personas que padecen patologías crónicas supone un reto para todos los países desarrollados, según dijo. Además de los más de 60 talleres que mostrarán diversas habilidades para una mejor formación, habrá una actividad informativa sobre las principales patologías crónicas en base al número de pacientes, para lo que se instalará una carpa en la plaza de la Marina.

Por otra parte, el representante en Andalucía de Semergen habló sobre el copago y dijo que la medida adoptada por el Gobierno de pagar a la hora de adquirir medicamentos trata de introducir racionalidad en el consumo, ya que no está justificado y supone unos gastos que no se pueden asumir. «Algo no estamos haciendo bien, ni los profesionales, ni el sistema sanitario, ni los pacientes», sentenció. No se mostró tan de acuerdo en lo referente a la propuesta de retirar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles, ya que seguirán requiriendo servicios y el «compromiso moral» por parte de los facultativos hará «obviar» la norma. En cuanto a los ajustes referentes a los profesionales del sector, calificó como «abuso flagrante a la dignidad» la rebaja salarial y aumento de horas que sufren.