El letrado del exalcalde de Marbella Julián Muñoz, Javier Saavedra, ha asegurado que el arresto de su cliente hace seis años fue con "un operativo digno de un jefe de ETA o del Grapo o de una organización criminal de la Camorra".

Saavedra ha destacado durante su informe final que dicho "espectáculo" solo sirvió para desprestigiar a quien dio la orden, y ha cuestionado la imparcialidad del juez instructor, Miguel Ángel Torres.

Para este letrado, el instructor estaba "contaminado" porque no tenía garantía de objetividad para desarrollar una instrucción sin prejuicios contra los procesados.

Ha reprochado que se haga una instrucción con sesenta detenidos porque la prisión preventiva debe estar limitada a su entender y ha mantenido que a su cliente se le detuvo "sólo por unas siglas" que le vinculan con unos pagos por parte del presunto cerebro de la trama de corrupción del "caso Malaya", Juan Antonio Roca.

Saavedra ha asegurado al Tribunal que cuando ve ciertos lugares de la costa piensa que Roca y los exalcaldes de Marbella Julián Muñoz y Jesús Gil deberían ser presidentes de Greenpeace por como tenían de cuidada la ciudad.

Respecto al arresto del exalcalde, ha asegurado que "se buscaba detener al mayor corrupto de España" y ha argumentado que Juan Antonio Roca no tenía la capacidad mediática de su cliente.

Ha comparado el caso Malaya con una comedia de enredo, que continuó como una farsa "que se desmorona", seguida de un drama y que espera que no termine en tragedia.

Julián Muñoz, que se enfrenta a una petición fiscal de diez años de cárcel debería, según su letrado, no sólo ser absuelto sino también indemnizado por los catorce meses que pasó en prisión preventiva por este asunto.

Saavedra también ha defendido la inocencia del marchante francés Jean Fournet ya que considera que éste solo fue el proveedor de obras de arte de Roca y ha sostenido que no puede ser ilegal vender cuadros.

Además del abogado de Julián Muñoz esta mañana otros defensores han presentado sus informes finales y todos ellos han pedido la absolución de su patrocinados al entender que no había pruebas contra los mismos.

En este sentido, la abogada del empresario Andrés Liétor, Rosario Gómez, tras pedir una sentencia absolutoria para su cliente, ha destacado la labor de los medios informativos que han seguido el juicio durante casi dos años.

Esta letrada considera que el juzgado instructor y el fiscal concedieron un cheque en blanco a la policía y no sometieron la actuación de éstos a ningún filtro, por ello entiende que es un macroproceso que "se les fue de las manos al juez y al fiscal".

Por su parte, la defensa de Miguel Pérez Camino, abogado del gabinete "Sánchez Zubizarreta-Soriano Pastor" y acusado de crear el entramado societario de Roca, también ha pedido la libre absolución de su cliente y ha afirmado que no hay pruebas.

El letrado defensor de Miguel Pérez ha asegurado que su patrocinado "no es dirigente de ninguna trama".

Para este abogado su cliente está acusado por ser miembro de un gabinete jurídico y por ingresar en sus cuentas corrientes 41.000 euros en once años, lo que supone unos 3.500 euros por año y no llega a 300 euros al mes.

Ha añadido que su patrocinado no ha llevado ninguna contabilidad de Roca, que no ha recibido ningún regalo y que no conoció al presunto cerebro hasta que empezó este procedimiento.