El interventor general del Ayuntamiento de Málaga ha presentado objeciones a la renegociación por parte de la Gerencia de Urbanismo de los convenios urbanísticos de Sánchez Blanca y Repsol que han servido para modificar las condiciones de pago a que están obligados los promotores firmantes de ambos acuerdos.

En sendos informes, la Intervención advierte de que dado que ambos convenios se firmaron originalmente uno en 2004 y otro en 2006, el Ayuntamiento «debería apreciar dicha circunstancia», debido al tiempo transcurrido desde la firma del acuerdo «y las nuevas circunstancias del mercado inmobiliario», antes de ratificar ambos convenios.

Además, en ambos casos considera conveniente que el Ayuntamiento analice «el impacto económico-presupuestario de las distintas determinaciones fijadas en los nuevos convenios. En concreto, el interventor considera que se debería analizar la existencia de «equilibrio entre las partes del convenio, los posibles efectos del aplazamiento en el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, en la reducción de la deuda pública y en el desarrollo de los planes plurianuales».

En el caso concreto del nuevo convenio de Repsol, el interventor advierte que dado que el Ayuntamiento se hace propietario de la tercera parte de los suelos, «eso supone el deber de asumir los costes proporcionales de urbanización, circunstancia que debería tenerse en cuenta tanto para calcular el valor de las unidades de aprovechamiento como para fijar la consignación presupuestaria adecuada para hacer frente en su momento a los gastos de urbanización», así como de otros gastos derivados de la participación en la Junta de Compensación.