La antigua cárcel de Málaga, inaugurada en 1933 y cerrada de forma definitiva en agosto de 2009, deja de formar parte de la Administración central y pasa a ser municipal.
El propio alcalde, Francisco de la Torre, informó ayer de que la Junta de Gobierno Local había aprobado el convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), por el que esta entidad cedía al Consistorio la antigua prisión provincial y a su vez el Ayuntamiento entregaba a la SIEP la titularidad de la finca del polígono Guadalhorce donde ya está funcionando el Centro de Inserción Social.
De la Torre señaló que quedan por ultimar las escrituras y que la cesión será una realidad «en pocas fechas».
La antigua cárcel provincial, en la avenida de Ortega y Gasset, tiene casi 14.000 metros cuadrados de extensión y una superficie total construida de 9.985 metros cuadrados y se suma a la lista de edificios municipales emblemáticos en busca de uso como el antiguo cine Astoria y buena parte de la antigua fábrica de la Tabacalera.
A este respecto, el alcalde señaló que las propuestas que se hagan de uso de la antigua prisión deberán tener «la máxima utilidad y ser sostenibles económicamente». En concreto, adelantó que entre los usos que se barajan para los terrenos está el que sea sede de una universidad privada «interesada en ubicarse en Málaga» o un proyecto tecnológico empresarial como «una incubadora de empresas». «Nos interesa resolver temas que tiene la ciudad y hacerlo de una manera sostenible», detalló de De la Torre.
El alcalde insistió en que el futuro de los terrenos debe contemplar un equipamiento «que dinamice más la zona y tire de ella como un tema de enseñanza o tecnológico empresarial».
Sin protección arquitectónica Lo que no aseguró fue la continuidad del edificio actual. «No es un edificio protegido y no tiene interés arquitectónico», recalcó, aunque planteó que se podía mantener «la fachada como recuerdo», por tratarse de una construcción que está «en la imagen de Málaga a partir de los años 30» y por el recuerdo de todas las personas encarceladas y luego fusiladas, «en ese doble sentido de la memoria, los que fueron fusilados de julio del 26 a febrero del 37 y luego los que lo fueron a partir de febrero del 37».
Preguntado por el interés de algunos colectivos de convertir parte de la vieja prisión en centro de la memoria histórica, contestó que «ya hay alguna propuesta en ese sentido, de un espacio de respeto en el cementerio de San Rafael».
La parcela que pasa a titularidad de la SIEP a cambio de la antigua prisión, donde ya funciona el Centro de Inserción Social, se encuentra en las calles César Vallejo y Castelao del polígono Guadalhorce y tiene 12.888 metros cuadrados.
