Después de tres años de duros ajustes en el sector privado, con cierre de empresas, destrucción de empleo y pérdida de condiciones laborales, los funcionarios y empleados públicos han pasado al primer plano de los recortes. Las últimas medidas adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy han puesto en solfa las condiciones laborales de los trabajadores de las administraciones y empresas públicas, ahondando en la senda emprendida hace dos años por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Así, en dos años, los funcionarios malagueños llevan acumulada una pérdida de su poder adquisitivo que ronda el 28% y numerosos interinos y empleados públicos ven peligrar su puesto de trabajo.
Los últimos 24 meses han provocado un terremoto en este colectivo de trabajadores, formado por 2,6 millones de personas de los 12 millones de empleados en España, y que en la provincia de Málaga da trabajo a 77.800 personas con plaza de funcionarios, entre la administración estatal, autonómica, local y universidad. La cifra se eleva a 128.000 si se suman empleados públicos e interinos, los que se han quedado más desprotegidos con las reformas adoptadas de reducción de servicios públicos y los anuncios de próxima eliminación de organismos, fundaciones y empresas públicas.
El objetivo es reducir el déficit de la administración a costa de rebajar una de las grandes partidas de los presupuestos. No obstante, eso incluye una notable merma de los recursos de los trabajadores de los organismos y entes públicos.El sindicato de funcionarios CSIF apunta que los empleados públicos malagueños ya llevan
acumulada una caída del 28% de su poder adquisitivo, cifra que se alcanzó con las últimas medidas del Gobierno del PP. De hecho, ya habían soportado un 21% de descenso del salario acumulado durante los meses previos a las últimas medidas de recortes, tanto por los tijeretazos del anterior Gobierno como por los ajustes de la Junta de Andalucía.
Más allá del dato estadístico, la reducción salarial y de los complementos se traduce en un golpe a la economía de los funcionarios que se contabiliza en más de 300 euros mensuales de su sueldo, para una retribución media de 1.500 euros. Así, cada funcionario dejará de ingresar una media de entre 4.000 y 4.500 euros al año. Aunque es difícil calcular el ahorro para las administraciones en la provincia, por la disparidad de retribuciones, se calcula que los recortes reducirán el gasto de personal de las tres administraciones en más de 300 millones de euros anuales, de los que un tercio serán fruto de la suspensión de la paga extra de Navidad de este año que fue aprobada recientemente por el Ejecutivo de Rajoy para todos los funcionarios públicos.
De forma paralela, la Junta de Andalucía ha retirado una serie de complementos y prevé proponer una reducción voluntaria de las jornadas laborales, que tendrán su impacto en los ingresos mensuales. En el caso del descenso del número de horas, podrían rondar hasta el 40%. Del conjunto, ha anulado recientemente la retirada de un complemento de las pagas extras de junio y diciembre para 2012.
Desprotegidos
La situación de recortes afecta a todo el sector público por igual, pero son los empleados laborales e interinos los que se encuentran en una situación más delicada. La Junta de Andalucía ya ha anunciado el incremento del ratio de alumnos por clase, como establece la nueva orden ministerial. Eso implica menos personal en los colegios y unos 4.800 interinos andaluces ven peligrar su puesto de trabajo.
Además, ya se está preparando la segunda fase del Plan de Reestructuración del Sector Público Empresarial y Fundacional, que tiene como objetivo podar la estructura de empresas y organismos públicas para eliminar «duplicidades y triplicidades» de funciones. La idea es adelgazar la administración, eliminando empresas públicas y fundaciones con competencias similares a la administración.
A esa eliminación de organismos, que comenzó con 80 entidades estatales y la redacción de planes similares a nivel autonómico, que en Andalucía están en elaboración, se unen los cambios introducidos en educación y sanidad, que reducen servicios y prestaciones. Los empleados con plaza mantienen su puesto, no tanto el personal laboral e interinos, que apunta a ser los grandes sacrificados en el caso de bajar la necesidad de personal.
Casi 78.000 afectados
La provincia de Málaga cuenta con una plantilla de funcionarios que ronda los 77.8000 trabajadores públicos con plaza, a los que habría que unir otros 50.000 de interinos y personal laboral.
La Junta de Andalucía es la que mantiene la mayor estructura de trabajadores públicos en la provincia, siendo la sanidad y la educación los sectores con mayor plantilla. De hecho, suman 34.000 trabajadores, incluyendo funcionarios, personal laboral e interinos. Respecto a los funcionarios con plaza, la Junta dispone de 40.773 trabajadores en Málaga, frente a los 22.943 de la administración local, los 12.715 de la administración del Estado y los 1.299 trabajadores con plaza en la Universidad de Málaga, según los datos del Registro Central de Personal del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
En Andalucía, Sevilla tiene mayor número de funcionarios, con 121.090 empleados públicos, seguida por Cádiz, que con 79.357 funcionarios es la segunda provincia con mayor número gracias a la fuerte presencia del Ejército con varias bases militares y más de 12.000 soldados. Málaga es la tercera provincia, seguida de Granada (61.062) y Córdoba (48.824).
