De la política que entendía Aristóteles a la idea actual de la cosa pública dista una nómina a final de mes, aunque puede que se mantenga la vocación de servicio. O así se presupone, como el valor en la mili. En otros casos, no sería descabellado que pudiera ser al revés. La administración sustenta al 90% de los dirigentes de los grandes partidos de la provincia y son muy pocos los que conservan, o alguna vez han tenido, un puesto de trabajo. Contadas son las excepciones.

Hay quien insiste en que se trata un trabajo que no está pagado, que te exige ser político las 24 horas del día, no apagar el móvil y atender y poner buena cara a todo el mundo, sobre todo en campaña... lo que viene siendo ser políticamente correcto. No obstante, el distanciamiento de la ciudadanía y de la clase política cada vez se hace más evidente. Los españoles creen que los políticos son parte del problema, no de la solución. Además, ha arraigado la idea de que hay demasiados políticos y que todos ellos forman una élite privilegiada que no sufre los efectos de la crisis. Al calor de esa indignación, se ha extendido el bulo de que en España hay 445.000 políticos, cuando no llegan a 80.000. Algunos aplaudían desde sus escaños el mayor tijeretazo de la historia de este país.

Además, un reciente informe de la Fundación BBVA ponía de manifiesto este desapego y sentenciaba que los políticos españoles eran los profesionales peor valorados. Y puede que también sea por eso: porque han convertido la política en su profesión, en su modo de vida, en su sustento económico, en su modo de comer, directa o indirectamente.

Y mezclan continuamente la estructura orgánica de los partidos con los puestos de decisión y poder en ayuntamientos, Diputación o Junta de Andalucía. Partidos e instituciones se confunden.

A raíz de la aparición de las listas negras de altos funcionarios de la Junta, clasificadas por su filiación política, se ha especulado mucho sobre la intencionalidad y la posible autoría de este informe, que recomendaba la promoción de quienes pertenecen al PSOE, independientemente de su valía o capacidad profesional.

Nuevos delegados

Y mientras tanto, la provincia espera el nombramiento de nuevos delegados del gobierno autonómico, provocando una grave parálisis administrativa, a la espera de que se celebraran los congresos provinciales en los que muchos acusan de haber usado las instituciones para sumar apoyos y voluntades. Ahora dice que se conocerán el martes...

Según la información que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social publica en su web, en un claro ejercicio de transparencia democrática con la que nuestros políticos no tienen reparos en dar a conocer sus sueldos y currículum, se comprueba que la responsable de esta cartera, Fátima Báñez, no ha cotizado nunca en empresa alguna ni ha aprobado ninguna oposición para obtener un empleo público. Siempre ha estado bajo el paraguas del Partido Popular, ostentando cargos de dirección en el PP de Andalucía, además de un puesto en el Consejo de Administración de RTVA. Luego en 2000, 2004 y 2008 fue diputada en Cortes.

No es un caso aislado. Los papeles se confunden y las cúpulas de poder de los partidos están constituidas por las personas de confianza que antes o después han obtenido representatividad pública a través de las urnas o han accedido a la administración como asesores o cargos de empresas públicas.

Por ejemplo, los 16 miembros del Comité de Dirección del PP en Málaga cobran de la administración pública, del Congreso, del Senado, la Diputación Provincial, ayuntamientos o la Subdelegación del Gobierno (Jorge Hernández es coordinador de Programa Electoral). El presidente del PP malagueño, Elías Bendodo, es a su vez presidente de la Diputación. Es decir, que el alcalde popular de cualquier pueblo que se entreviste con Bendodo está también reuniéndose con su jefe en el partido.

El secretario general, Francisco Salado, es portavoz del equipo de gobierno supramunicial y alcalde de Rincón de la Victoria; o la vicesecretaria general, Margarita del Cid, preside la Mancomunidad de la Costa del Sol y es diputada nacional. Amén de Francisco Oblaré, Carolina España, Manuel Marmolejo, Juan Jesús Bernal o Patricia Navarro... Son ejemplos.

Aparato del partido

El mismo esquema se reproduce en el PSOE malacitano. La Comisión Ejecutiva Provincial está compuesta por 24 cargos, sin contar los vocales. De ellos, sólo cuatro trabajan en la empresa privada. Como Javier García León, portavoz del PSOE en Fuengirola, pero que mantiene su despacho de abogados con varios empleados. Es un caso en vías de extinción, que ha rechazado cargos de mayor responsabilidad por continuar al frente de su negocio.

José Ortiz, portavoz del partido en el Ayuntamiento de Torremolinos, es empresario y Richie López, concejal en Marbella, trabaja en la cafetería familiar. La gran mayoría de los responsables del aparato socialista está al amparo de las instituciones, bien ocupando puestos de responsabilidad legitimados por los resultados logrados en las elecciones, bien como cargos de confianza: María Gámez en el Ayuntamiento de Málaga, Miguel Ángel Heredia en el Congreso, Pilar Serrano en el Senado o Cristóbal Fernández, como gerente de Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA). Ahora habrá que esperar cuántos miembros de esta Comisión Ejecutiva son premiados con una delegación provincial.

La situación en Izquierda Unida, socio de gobierno del PSOE en la Junta de Andalucía, no es dispar. Sintomático es el caso de Pedro Moreno Brenes, portavoz del grupo en el Ayuntamiento de Málaga, que sólo cobra por asistir a los plenos, ya que mantiene su plaza como profesor de la facultad de Derecho de la UMA. O Andrés Lozano que es profesor del departamento de Derecho del Estado y Sociología en la Universidad.

El coordinador provincial, José Antonio Castro, es parlamentario andaluz y siempre ha trabajado en la estructura del partido. Como Toni Morillas, concejala en el Ayuntamiento de Málaga y portavoz del su grupo en la Diputación. En la Comisión Ejecutiva de IU en Málaga, integrada por 38 personas, hay también numerosos cargos de confianza o que trabajan para la sociedad promotora de viviendas de la Diputación de Málaga (Emprovima) creada cuando Luis Vázquez Alfarache presidía el ente supramunicipal, y que prácticamente se repartieron entre afiliados del PP y de IU.

En el caso de Izquierda Unida, todos quienes desempeñan labores en la administración pública están obligados, por los estatutos del partido, a donar una parte de su sueldo a la coalición que, según los tramos, puede llegar a superar el 30% de la nómina. En el PSOE ocurre algo parecido, pero la cuantía es menor. También hay que tener en cuenta que en muchos municipios de la provincia, los concejales en la oposición y sin responsabilidad de gobierno sólo cobran dietas por asistencia a plenos, una cuantía que en ningún caso da para vivir. Del mismo modo, aquellos que compatibilizan cometidos en distintas instituciones sólo pueden percibir un salario.