Los más 20.200 familiares cuidadores de dependientes de la provincia de Málaga pierden ya desde ayer entre 45 y 78 euros cada mes de su prestación económica. Ésta es la consecuencia de la aplicación de la reforma de la Ley de Dependencia.
La merma en los ingresos familiares, de entre 500 y mil euros al año, puede suponer más que un quebranto para las ya malogradas economías de estos núcleos de población. La medida afecta a un tercio del total de beneficiarios de la Ley de Dependencia en Málaga, ya que esta ayuda es la más numerosa y la obtienen 6,4 de cada diez beneficiarios.
Las comunidades autónomas pueden desde ayer empezar a aplicar la rebaja que será de un mínimo del 15% que perciben los cuidadores no profesionales. El Gobierno central afirma que la intención es fomentar a los cuidadores profesionales y así activar el empleo. El Gobierno abrió un plazo, que concluyó ayer, para que las comunidades autónomas pudieran adaptar el procedimiento que permite esta reducción, que deberá ser compensado con servicios sociales.
En la provincia de Málaga a día de ayer más de 30.400 dependientes se benefician de un total de 41.300 prestaciones -pueden disfrutar varias a la vez-. Del total de ayudas más de 20.200 son prestación económica al cuidador familiar, lo que significa casi la mitad de las prestaciones (48,91%) y el 66,44% del total de los beneficiarios, es decir un tercio. Las cuotas que percibe el cuidador familiar oscila en una horquilla de entre 300 a 520 euros al mes, según los datos facilitados por la Consejería de Bienestar Social.
Las administraciones exigirán además unos conocimientos mínimos a estos cuidadores no profesionales, mayoritariamente familiares, para concederles la asignación. Los beneficiarios actuales mantendrán su alta y su cuota en la Seguridad Social a cargo del Estado, pero sin embargo no se le pagará a los nuevos cuidadores del entorno familiar.
Otros cambios de la norma. En cuanto a la organización del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD), se simplifican los grados de reconocimiento de dependencia (de seis niveles pasa a tres grados) y se pospone a 2015 la incorporación de nuevos usuarios de grado 1, es decir, dependientes moderados.
En cuanto al copago, empezarán a aportar al sistema quienes tengan unas rentas superiores del 100% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), fijado en 532 euros al mes para 2012, mientras quienes no lleguen a este nivel, estarán exentos de copago. Esta aportación se realizará progresivamente hasta cubrir un máximo del 90% del precio del servicio que se esté recibiendo.
Según el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Real Decreto Ley aprobado por un lado da «prioridad a la valoración, reconocimiento y atención de los grandes dependientes» y por otro «consolida una red pública de servicios sociales que favorezca la sostenibilidad del modelo y genere puestos de trabajo».
El ministerio señala que el Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia arroja un desfase presupuestario de 2.700 millones de euros con respecto a la previsión inicial y una lista de espera de más de 300.000 personas.
Se eleva de seis meses a dos años el periodo reglado de tramitación y concesión de las ayudas. Otro de los objetivos, indica el Ejecutivo central, además del consabido ahorro económico, es la lucha contra el fraude en estas prestaciones.
Los colectivos rechazan la reforma. Las principales organizaciones de personas dependientes han mostrado su rechazo a una reforma de la ley que se centre en el ahorro y los recortes de derechos y beneficios, y advierten de que lucharán por mantener los derechos alcanzados. No obstante, defendían la necesidad de cambiar el anterior sistema que creaba «desigualdades» territoriales y que no respetaba el espíritu de la ley de primar los cuidados profesionales.
La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales cree que es «el recorte más canalla del Gobierno» y opina que supone «un atentado» contra las personas dependientes y sus familias.
También discrepan de la ampliación a dos años del plazo para resolver las ayudas por la elevada edad de los beneficiarios, ya que recuerda que más de 54 por ciento de los usuarios superan los 80 años.
Tras su aprobación, el PSOE lamentó medidas como la de elevar de seis meses a dos años el periodo de tramitación y concesión de las prestaciones porque «muchos dependientes van a estar muertos cuando reciban las ayudas».
