El Gobierno central aprobó ayer el decreto que regula la condición de asegurado y de beneficiario de la asistencia sanitaria gratuita y que supone la exclusión de todos los extranjeros en situación ilegal. Además, según informa el Ejecutivo se logrará así poner freno a al turismo sanitario.

Estas medidas, que entrarán en vigor el 1 de septiembre, afectan directamente y especialmente a la provincia de Málaga con una importante población extranjera irregular y territorio eminentemente turístico. Un informe de la Fundación Ciedes establece que además de la población de referencia de la provincia que es de 1.269.252 habitantes €en función a la cual se otorgan los recursos sanitarios€ habría que sumar a 66.439 personas en situación irregular; y, 40.887 turistas susceptibles de ser atendidos (que podría ser mayor al no incluirse la actividad extrahotelera).

Estas atenciones han supuesto de manera histórica un gasto más que notable para la sanidad pública, ya que la atención tanto a residentes como turistas extranjeros puede compensarse pero es un proceso complejo y que puede arrojar como saldo pérdidas. Y, además, existe otra población de difícil control como los inmigrantes irregulares, cuya atención corre a fondo perdido.

El decreto. El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto que establece los mecanismos para evitar el «turismo sanitario» y el «uso fraudulento» por parte de los extranjeros de los servicios de salud. El objetivo es propiciar un ahorro de cerca de mil millones de euros al año y «garantizar así la sostenibilidad del sistema».

El Ministerio de Sanidad informó en un comunicado de que el ahorro que permitirá la norma «redundará» en la mejora de la dotación del Fondo de Cohesión Sanitaria del Sistema Nacional de Salud (SNS), que es el instrumento para compensar a las comunidades autónomas por la asistencia a extranjeros.

El departamento que dirige Ana Mato señala que el decreto, siguiendo las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, impedirá que el SNS sufrague la asistencia sanitaria de los europeos que ya la tienen cubierta por sus instituciones de seguridad social en sus países. La norma establece reciprocidad con los requisitos que se les exigen a los españoles cuando se trasladan a otro país de la UE para recibir atención sanitaria. Respecto a los extranjeros que residan en España de forma irregular, según Sanidad, se les prestará asistencia de urgencia, por enfermedad o accidente, atención en el parto, embarazo, postparto, así como a los menores de 18 años.

Las personas aseguradas serán los trabajadores por cuenta ajena o propia, los pensionistas de la Seguridad Social y los desempleados que han agotado la prestación. También serán aseguradas las personas que no tengan ingresos superiores a 100.000 euros anuales ni cobertura obligatoria de la prestación sanitaria por otra vía cuando sean españoles y residan en el país, o bien sean comunitarios, o del Espacio Económico Europeo o de Suiza, o estén inscritos en el Registro Central de Extranjeros o sean de un país distinto de los anteriores con autorización para residir en España. Con esta regulación, indica el comunicado, colectivos que hasta ahora estaban fuera del SNS, como ciertos arquitectos y abogados €especialmente afectados por la crisis, en algunos casos- quedan incorporados.

La condición de beneficiarios la ostentarán, siempre que residan en España, el cónyuge o pareja de hecho, el excónyuge o persona separada, así como los descendientes y personas asimiladas a cargo del mismo que sean menores de 26 años o que, siendo mayores, tengan una discapacidad igual o superior al 65 por ciento, indican.