El cobro sanitario a los inmigrantes provoca el rechazo general en Málaga

Los sindicatos avisan de que la nueva norma no ahorraría en gastos y colapsaría los servicios de urgencias

Sebastián Freire Tras el anuncio por parte del Gobierno central de que los inmigrantes sin papeles tendrán que suscribirse a un convenio sanitario, previo pago, para poder recibir asistencia en la Sanidad pública española las respuestas no se han hecho esperar. La Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía califica este anuncio como «un paso más en el cambio radical del modelo sanitario» que propone el Gobierno, mientras que en Málaga tampoco se ha recibido con los brazos abiertos.

El vocal de atención primaria del Sindicato Médico de Málaga, Carlos Camacho, ve lógico que los europeos que quieran ser atendidos en España tengan que pagar por ello. Sin embargo, no comprende que se obligue a los inmigrantes con situación irregular a pagar por este servicio, cuando, hasta ahora, habían podido solicitar una tarjeta de cobertura sanitaria de renovación anual. Mientras, el secretario general de Satse, Eugenio Pérez, piensa que «es un grave error» porque «dejar de atender a los inmigrantes es un atraso» y que, después de criticar el sistema sanitario de Estados Unidos, «ahora vamos a hacer lo mismo».

A los extranjeros sin permiso de residencia se les pedirá que abonen 59,20 euros al mes para tener acceso completo al sistema sanitario y 155,40 euros mensuales si son mayores de 65 años. Desde el Sindicato Médico aseguran que el abono es parecido a la base de cotización que pueda tener un mileurista, pero el problema viene a la hora de conseguir el dinero. «Eso de querer cobrar 710 euros anuales es como querer cobrar por respirar. Siendo inmigrantes ilegales, que en su mayoría carecen de ingresos, difícilmente van a poder pagar», argumenta Eugenio Pérez.

Sin embargo, el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, quiso dejar constancia de que los inmigrantes irregulares no quedarían sin ninguna cobertura y tendrían derecho a ser atendidos por los servicios de Urgencias. Un punto de vista que, lejos de ser bien recibido, no es visto como una solución. Para el secretario general de Satse esta situación propiciaría la «saturación» de las Urgencias porque la gran mayoría optaría por no pagar por la asistencia médica e iría a ese servicio.

Además, el Gobierno central argumenta que se ahorrarían 1.000 millones de euros al año, un supuesto del que se duda porque «el servicio que más cuesta es el de urgencias» afirma Eugenio Pérez, que piensa que «al final ese dinero se perdería con el uso de las Urgencias», que suele realizar pruebas más caras y gastaría más dinero en materiales. Pérez también añade que, con la posibilidad de que los inmigrantes indocumentados reciban atención primaria, se evitarían enfermedades y se prevendría un «foco de infecciones» porque cuando van a Urgencias es cuando ya no pueden aguantar más.

Por último, se apunta a la aleatoriedad de la cifra que se ahorraría porque, atendiendo a datos facilitados por la Consejería de Salud y Bienestar de la Junta de Andalucía, en toda la comunidad autónoma se expidieron, durante 2011, 46.194 documentos de acceso al servicio sanitario. En cuanto a la atención a extranjeros en situación irregular, las consultas externas en Málaga durante el último año rondaron el 2%, las atenciones, en urgencias no llegaron al 3% y el ingreso en el área de hospitalización, lo que quiere decir que fueron encamados, se queda en un 3%. A estos datos hay que añadir los de los partos atendidos, que bordean el 8% del total. Unas cifras que muestran que la atención sanitaria a inmigrantes ilegales no es un lastre para el sistema económico de la sanidad española.