La Guardia Civil ha imputado a diez personas por su implicación en la construcción ilegal de un apartahotel en la localidad malagueña de Benalmádena durante el año 2005, concretamente en la zona denominada Monte Alto, una gran urbanización de chalés ubicada en el núcleo de Arroyo de la Miel.

Entre los implicados se encuentran el promotor de la construcción, por los delitos de falsedad documental y contra la ordenación del territorio; los dos arquitectos redactores del proyecto por delitos de falsedad documental; cuatro técnicos y funcionarios del Ayuntamiento de Benalmádena, por los delitos de prevaricación urbanística y tráfico de influencias; y tres técnicos dependientes de la Junta de Andalucía, por los delitos de prevaricación y omisión en el deber de perseguir delitos, todo ellos por encontrarse directamente relacionados con la redacción, tramitación y control del expediente urbanístico investigado.

La Guardia Civil da así por finalizada la operación «Minas», cuya investigación comenzó en el año 2009, a raíz de una información aportada por agentes del Seprona de la Comandancia de Málaga. Éstos, tras realizar una inspección rutinaria, pudieron comprobar que se había construido un inmueble, supuestamente para ser utilizado como establecimiento hotelero, apreciándose, a simple vista, que una parte de la citada construcción podría estar invadiendo zonas verdes.

Así, según el informe del Ministerio del Interior, se realizaron comprobaciones más exhaustivas, confirmándose plenamente que el inmueble no disponía de los elementos necesarios para su utilización como complejo hotelero.

Es decir, carecía de un recinto adecuado para la recepción de clientes y, por el contrario, su aspecto se asimilaba más a un complejo estándar de viviendas, similar al de las edificaciones de su entorno.

En base a los indicios observados se procedió a solicitar información al Ayuntamiento de Benalmádena, relacionada con la documentación del expediente urbanístico del referido apartahotel. De hecho, hace casi dos meses que miembros del Seprona entraron en el Ayuntamiento de Benalmádena para realizar un registro exhaustivo en busca de documentación o alguna licencia, que según las fechas data de cuando el independiente Enrique Bolín gobernaba el Ayuntamiento de Benalmádena.

Por otro lado, se confirmó además la interposición de una demanda por parte de una comunidad de propietarios de la zona. En junio de 2008 la Justicia les dio la razón, aunque el Ayuntamiento y la promotora decidieron apelar la decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Finalmente, se emitió fallo judicial anulando la licencia concedida, siendo el argumento que la construcción no respetaba los parámetros establecidos de edificabilidad para este tipo de complejos, llegando a constar en dicho procedimiento un informe técnico municipal confirmando que se había edificado en zona verde.