El próximo 1 de septiembre unos 150.000 inmigrantes que viven en España sin permiso de residencia ni de trabajo serán borrados de los archivos de la red pública sanitaria y, por tanto, no podrán ser atendidos como hasta ahora por los médicos. Sin embargo varias comunidades como Andalucía y el País Vasco mantendrán la atención a los inmigrantes sin papeles en contra de la medida aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy.

De hecho, la consejera de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, así lo ha reiterado en diversas ocasiones durante este verano aunque entre el colectivo de médicos y organizaciones no gubernamentales que trabajan con inmigrantes aún no ha recibido la notificación oficial de cómo será el procedimiento.

Montero indicó que sólo el 0,6 por ciento de la población inmigrante frecuenta las consultas de Atención Primaria andaluzas y el 1% las consultas externas; un dato que se eleva en los partos, alcanzando el 7%. Unas cifras bajas porque estos pacientes, en su mayoría, «no tienen cultura de atención sanitaria». Además, resaltó que cobrar 710 euros anuales a personas en situación irregular significa «echarlos del sistema» y excluirlos del «derecho a la atención» médica recogida en el Estatuto de Andalucía.

De las 150.000 personas que se encontrarían en esta situación a nivel nacional, 46.000 estarían afincadas en Andalucía y 11.000 en Málaga. De hecho, durante el último año, en la provincia los datos fueron mínimos y la atención de la consultas externas a inmigrantes rondaron el 2%, en urgencias no llegaron al 3% y el ingreso en el área de hospitalización alcanzó el 3%. Unos datos que respalda el secretario del Sindicato Médico de Málaga, Felipe Gámez, que afirma que la postura del Gobierno es «muy bonita desde el punto de vista demagógico, pero los datos son muy pequeños».

Por otro lado, tanto Consejería como los profesionales coinciden en que sería peor para la población seguir las directrices marcadas desde Madrid. Montero marcó como uno de los puntos fundamentales para seguir con la línea de actuación acatada hasta ahora llevar un control adecuado de toda la población para evitar problemas de salud pública. Mientras, el secretario general del sindicato de enfermeros Satse, Eugenio Pérez, se muestra de acuerdo al considerar que si se desvincula a los inmigrantes ilegales del sistema sanitario provocaría «colapsos en urgencias» que, por otro lado, es un servicio más costoso que la atención primaria porque la prevención siempre es la mejor opción, además de una forma de evitar brotes de enfermedades.

En cuanto a la atención primaria, los facultativos aseguran que no han recibido ningún tipo de instrucciones. «No tenemos notificación alguna y cada médico tiene asignada una base de datos que atender», reconoce el vocal de atención primaria del Sindicato Médico, Carlos Camacho.

Para el presidente del Colegio de Médicos, Juan José Sánchez Luque, no es un problema de los facultativos porque «ningún médico niega la atención sanitaria a un paciente», se atiende a las personas que aparecen en la lista de consulta, que depende del SAS. Y como desde la Delegación de Salud de Málaga aseguran que no retirarán la tarjeta sanitaria a ningún inmigrante, las consultas seguirán funcionando. No se conoce cómo la Junta hará frente a los pagos que exige el Gobierno central, 710 euros anuales para inmigrantes que no cotizan, así como para españoles rentistas, y 1.864,8 euros anuales para los mayores de 65 años. A diferencia del Gobierno de Navarra, que anunció que sufragará los costes con 1,68 millones de euros anuales, desde la Junta y la Delegación malagueña no se pronuncian y es una incógnita.