España pierde hoy dignidad. Se convierte en un país menos digno para sus habitantes. Se aleja a pasos agigantados del cumplimiento de los Derechos Humanos. Y, desde hoy, se le mira con otros ojos. Todas las reformas que entran hoy en vigor han dejado uno de los peores veranos de la historia reciente del país. Y lo van a sumir quizás no en un caos, pero sí en un lugar donde se hace cada día más difícil vivir con dignidad: la retirada del acceso a la sanidad (un derecho fundamental, recordémoslo) a las personas inmigrantes en situación irregular nos hace una peor sociedad. Y abre, de paso, una vía para que, en el futuro, sean otros colectivos los que se queden sin acceso a la sanidad, como iba a ser el caso de los jóvenes mayores de 26 años que no hubieran trabajado nunca.
Es larga la lista de calificativos que ha generado la reforma. Como también es amplia la enumeración de argumentos que desmontan la idea del Gobierno de que turismo sanitario e inmigración son lo mismo; o que las personas en situación administrativa irregular suponen un alto coste para las arcas del Estado. Hay también una buena cantidad de informes que desmienten todo ello con cifras en la mano. Partiendo de la base de que las personas extranjeras no comunitarias que llegan a España gozan, en general, de una gran salud: «Son las condiciones de vida, de trabajo, el hacinamiento en asentamientos, entre otros factores sociales los que aumentan su vulnerabilidad». Ahí es nada. Y es lo que dice, literalmente, el monográfico sobre el tema realizado por el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, organismo consultivo vinculado al Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
No creemos necesario insistir mucho más, pero basta citar algunas de las consecuencias que supone la reforma sanitaria a las personas mal llamadas «sin papeles». Una de ellas es que «la atención en urgencia no da acceso al tratamiento que debiera en su caso seguir con el importante riesgo que ello comporta para la colectividad». Otra, que la falta de atención a enfermos crónicos puede suponer «un riesgo para su propia vida» (más claro: morir sólo por no poseer un papel). Sin olvidar algo de sentido común: «Las políticas públicas de salud sólo pueden ser efectivas si incluyen a todo el mundo que vive en una misma área geográfica» Y una consecuencia que rebaja, un poco más nuestra dignidad como sociedad: «Se está trasladando al conjunto de la sociedad española una visión negativa sobre los colectivos más vulnerables, al atribuirles la responsabilidad de las fallas del sistema sanitario y de su deterioro económico.
Crece de esta forma el discurso xenófobo frente al otro diferente». Un discurso que cala cada vez más (bastará con leer los comentarios a este artículo en la versión digital del periódico) al que están llevando la gran mayoría de políticos de este país. Políticos que incumplen una y otra vez lo que dicen perdiendo también, la dignidad. ¿O acaso se conoce la forma en que Andalucía «objetará» al Decreto Ley 16/2012? ¿Y no está demostrado que el acceso a la sanidad de las personas inmigrantes en nuestra provincia lleva años con múltiples obstáculos a merced de arbitrariedades administrativas? Al menos queda ese personal que asegura que atenderá a cualquier persona, sea cual sea su condición. Afortunadamente, la dignidad de un país también se mide por el compromiso de sus ciudadanos.
Adela Jiménez es la presidenta de Málaga Acoge
