Tras el anuncio de ayer de la Consejería de Fomento de poner en marcha el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, ya son tres las administraciones que se han posicionado ante una de las consecuencias sociales más dramáticas de la crisis, los desahucios. Antes, este mismo verano, ya lo habían hecho la Diputación y el Ayuntamiento de Málaga. La primera administración presentó, junto al Colegio de Abogados de Málaga, la Oficina de Intermediación Hipotecaria, mientras que la segunda abogó por crear un grupo de trabajo en el Consejo Social de la Ciudad.

En el caso de la Junta de Andalucía, la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, adelantó ayer que se crearán ocho oficinas -una por provincia- en las que se ofrecerá asesoramiento, intermediación y, en su caso, alternativas para los afectados por los desahucios. La responsable del ramo reclamó la colaboración de los ayuntamientos con esta iniciativa mediante el establecimiento de un convenio, para lo que convocará en las próximas semanas una reunión con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). Además, ha solicitado por escrito a las entidades financieras que entreguen las viviendas protegidas embargadas para que puedan reintegrarse en el parque público de vivienda, con la posibilidad de imponer sanciones si no atienden la reclamación. Cortés concluyó que el objetivo del plan es dar respuesta a la actual «emergencia social».

El 26 de julio, la Diputación y el Colegio de Abogados de Málaga presentaron la Oficina de Intermediación Hipotecaria, pensada para prestar asesoramiento jurídico y respaldar institucionalmente a las familias en riesgo de quedarse en la calle. Según ambas partes, se calcula que en la provincia se comunican seis nuevas órdenes y se ejecutan 63 cada semana. El presidente de la Diputación, Elías Bendodo, y el decano del Colegio de Abogados, Manuel Camas, aseguraron que el servicio sería gratuito y prestado de manera voluntaria por letrados colegiados. Además, podrán beneficiarse familias en situación de riesgo por impago y aquéllas que se encuentren ya inmersas en situaciones de ejecución de la hipoteca.

Un mes antes, el Ayuntamiento de Málaga anunció que la presentación de una iniciativa que ayudara a «aliviar y mejorar el futuro de las familias expuestas al desahucio de su vivienda por no pagar la hipoteca». La portavoz socialista, María Gámez, pidió al equipo de gobierno que la respaldara y que «no dé la espalda y se implique en los problemas de las familias afectadas por el desahucio de su vivienda». El concejal de Derechos Sociales, Francisco Pomares, le contestó que la función del Consistorio es «informar», «no intermediar», y abogó por llevar a cabo un grupo de trabajo dentro del Consejo Social de la Ciudad, donde participarían todos los actores implicados.