Vuelta de tuerca a la ordenanza contra la prostitución callejera. El Ayuntamiento de Málaga busca mejorar la norma y estudia modificar y reformarla de forma que la mujer que ejerce pueda acogerse ante una multa a vías alternativas a la sanción económica como charlas sociales o trabajos para la comunidad, avanzó ayer a este periódico el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, Julio Andrade.

«Es una de las modificaciones que estamos estudiando legalmente, ver la vía para poder incorporar alternativas a la sanción económica para la persona denunciada por prostitución», explicó el edil. Ésta es una de las principales modificaciones que analiza el Consistorio, pero habrá más.

De hecho ayer Julio Andrade, junto al concejal de Derechos Sociales, Francisco Pomares, representantes de la Policía Local y la fiscal de malos tratos, Flor de Torres, mantuvieron un encuentro del que surgió un principio de acuerdo. Las partes iniciarán las acciones pertinentes para elaborar un protocolo que defina la comunicación y coordinación.

La Fiscalía ya había mostrado su inquietud ante casos de prostitutas sancionadas además de por la vía administrativa por la penal. Son las denominadas denuncias por desobediencia. Es posible que detrás de estos casos la mujer no ejerza de forma voluntaria sino que sea víctima de mafias o de proxenetas -explotación sexual- o incluso de malos tratos. Al iniciarse el proceso en el juzgado de guardia, Violencia y Extranjería no pueden cotejar datos. Es por ello que el Ayuntamiento y la Policía Local se han comprometido a informar a la Fiscalía de estos casos y ésta a su vez a estudiar estos supuestos. La fiscal Flor de Torres trasladará esta propuesta al resto de fiscales para, si están de acuerdo, elaborar un protocolo a firmar con el Ayuntamiento, explicó Andrade.

«De las más de mil sanciones serán unas doce las que se han denunciado por desobediencia, es un número pequeño y se produce ante desobediencia, insultos a la policía o una actitud reiterada», señaló. Se trata en definitiva de establecer mecanismos de coordinación entre el Ayuntamiento y la Policía y la Fiscalía. «Es un principio de acuerdo que debe ahora plasmarse en un protocolo que defina el sistema de funcionamiento y sea ágil», afirmó Julio Andrade.

«De esta forma si el Ministerio Fiscal cree que hay que investigar algún aspecto puede hacerlo. Serían como una especie de diligencias previas y podría llevarse a efecto según artículo de la propia ordenanza acerca de los indicios penales», explicó el concejal de Seguridad.

El edil de Derechos Sociales, Francisco Pomares, indicó que el objetivo es además «seguir colaborando desde la Policía Local para además detectar esos casos de tratas y de violencia de género y pasar los datos directamente a la Fiscalía». «Que exista un protocolo rápido y facilitar a la mujer que quiera denunciar este camino, de forma que denuncie, que muchas veces es el problema», declaró el concejal de Derechos Sociales.

La ordenanza municipal de Convivencia Ciudadana entró en vigor en diciembre de 2010, aunque no comenzó a multarse hasta enero de 2011 tras una primera etapa de apercibimiento. En lo que se refiere a la prostitución, prohíbe las prácticas sexuales en espacios públicos, así como el ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación directa o indirecta de servicios sexuales en la vía pública siempre que afecten a la convivencia, es decir, que se produzcan a menos de 200 metros de centros docentes, educativos, parques infantiles, zonas residenciales o de cualquier otro lugar en el que se realicen actividades comerciales y empresariales. Hasta abril de 2012, se han impuesto 1.693 infracciones, de las que 367 lo fueron en el presente año, aunque eso sí, la mayoría a las mujeres que ejercen y no a clientes.