Los propietarios de viviendas ilegales afectadas por el incendio forestal de hace dos semanas recibirán ayudas siempre que demuestren su titularidad a través del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) u otros documentos similares y siempre que sea su vivienda habitual, ya que las segundas residencias quedan excluidas. Así lo explicó el subdelegado del Gobierno de Málaga, Jorge Hernández Mollar, que ayer comandó la segunda sesión de trabajo con los ayuntamientos de los municipios afectados (Marbella, Monda, Mijas, Ojén, Coín y Alhaurín el Grande), la Junta de Andalucía y la Diputación de Málaga para desmenuzar el Real Decreto aprobado el viernes por el Consejo de Ministros y añadió que el Consorcio de Compensación de Seguros no cubrirá los daños registrados.

Hernández Mollar también anunció que el periodo para pedir las ayudas se amplía a dos meses, uno más de lo previsto, con fecha de inicio el 7 de septiembre, día de publicación del decreto. Así, las ayudas se podrán pedir hasta el 7 de octubre y se ejecutarán durante los tres meses siguientes y no en seis como se apuntó al principio. Las instituciones quieren realizar una primera evaluación de daños el 15 de septiembre.

El alcalde de Ojén, José Antonio Gómez, fue el que menos contento salió de la reunión.

«Agradecemos la intención del subdelegado, pero el decreto es absolutamente insuficiente para Ojén», aseveró. Según el regidor, con este decreto «sólo se acogerían a las ayudas una o dos personas de las más de 400 viviendas afectadas en el municipio, ya que la mayoría son casas de aperos familiares, algunas históricas, en las que se cosechaba y criaban productos para autoconsumo». «Todas cuentan con sus preceptivas licencias municipales y pagan sus impuestos, pero no recibirán nada si nos atenemos al decreto estatal», concluyó.

Aunque en Monda no hubo casas afectadas, su alcalde, Francisco Sánchez, también aseguró que las ayudas no le parecían «suficiente». «Aunque no estamos contentos con las ayudas, es lo que hay, pero habrá gente que no tenga derecho a nada», añadió.

Más conforme salió el primer teniente de alcalde de Marbella, Félix Romero, quien calcula que unas 60 casas han sido alcanzadas por las llamas, aunque ninguna de ellas era ilegal. Fuentes del Ayuntamiento de Mijas señalaron a este periódico que las viviendas afectadas en su municipio llegan ya a la veintena, 14 de ellas totalmente destruidas. De estas últimas, la mitad serían ilegales, según las mismas fuentes.

Beneficios fiscales. El decreto contempla también ayudas fiscales para los afectados. Así, quedarán exentos del IBI las viviendas o establecimientos afectados, mientras que la reducción del IRPF y del IVA será desarrollada posteriormente por Hacienda. La reducción del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) a establecimientos industriales, mercantiles, turísticos y profesionales cuyos locales hayan resultado afectados; la exención de tasas en la Jefatura de Tráfico por la baja de vehículos siniestrados o reducciones fiscales especiales para actividades agrarias tanto en el IRPF como el IVA son algunas de las ventajas anunciadas en el decreto.

Sobre medidas laborales y de Seguridad Social, el decreto reza que los expedientes de regulación de empleo (ERE) derivados de los daños del incendio tendrán un carácter de «fuerza mayor», por lo que se eximirá a los empresarios de las cuotas de la Seguridad Social y la prestación por desempleo de los afectados no computará en los periodos máximos de percepción del subsidio.

Y hablando de desempleo, el subdelegado se refirió a la posibilidad de que las administraciones llamen a desempleados para obras de reparación: «Esto no es una novedad del decreto, sino simplemente aplicar algo que ya estaba previsto en la Ley General de la Seguridad Social desde el año 1995».

El delegado del Gobierno andaluz, José Luis Ruiz Espejo, incidió en que los trabajos de reforestación se podrían poner en marcha en el plazo de un año, subrayando que la acción ciudadana espontánea que se produjo desde que se declaró el incendio se va a canalizar para poder realizar luego las tareas de reforestación «de forma adecuada y con un seguimiento técnico».

Sobre las ayudas por los daños causados en producciones agrarias y ganaderas, el decreto exige que estén en vigor las pólizas de seguro agrario y que las pérdidas sean superiores al 30% de su producción con arreglo a los criterios de la Unión Europea. En este caso, el Ministerio de Agricultura y la Junta de Andalucía tienen que acordar el procedimiento para las ayudas y la cuantía máxima que se va a aportar.