El río de las Pasadas, que bañaba y daba vida a las alegres zonas rurales mijeñas de Entrerríos y La Atalaya, ya no corre como antes. Los algarrobos, palmitos y matorrales de la zona ya no se agitan con la leve brisa que corre por el valle donde durante tantas generaciones se ha sembrado la tierra para abastecer a centenares de familia de la zona. «Esto va a conseguir acabar con toda una forma de vida preciosa y en permanente contacto con la naturaleza», lamenta resignada Brit Peterssen, una vecina de origen danés que lleva más de 20 años viviendo en su casa de La Atalaya. La ha perdido en el incendio de hace dos semanas, y más que por su futuro, su casa y sus pertenencias, está preocupada por el futuro de todas las gentes que han trabajado su tierra durante años.

Pero, aunque ella le reste cierta importancia, es una de las principales damnificadas de la tragedia natural que asoló hasta seis municipios de la provincia de Málaga. No en vano, La Luna (el nombre con el que bautizó su vivienda) está asentada en suelo no urbanizable. En otras palabras, es ilegal.

«Para nadie ha sido un secreto que viva aquí. Construí esta casa hace más de 20 años, y desde entonces, pago seguro de hogar y mis correspondientes impuestos. Estaba muy ilusionada con el proceso de regularización de viviendas abierto por el Ayuntamiento de Mijas porque considero que reunía todos los requisitos para ser una de sus beneficiadas, pero el incendio ha sido un jarro de agua fría. No confío que nos ayuden mucho desde las instituciones y no sé qué será del proceso de regularización en nuestro caso. Los políticos en el momento de la catástrofe son todos muy buenos y te prometen que te van a ayudar, pero cuando los vuelves a ver en un despacho, la cosa cambia», admite triste.

También teme que el seguro esgrima razones para no darle ningún tipo de indemnización. «Siempre hay una letra pequeña», esgrime. Aunque admite que sus vecinos lo tienen más crudo que ella.

«Mi finca es muy grande y tengo una pequeña casita en la que me he acomodado mientras los políticos deciden qué hacer con ella. Pero hay gente que lo ha perdido todo y no tienen nada más que lo puesto. O vecinos míos, que tenían un terreno sembrado desde hace décadas y que lo han perdido por el fuego. La mayoría son ya muy mayores y me han dicho que no van a replantarlo. Es una lástima porque vamos a perder una forma de vida única de Mijas», argumenta.

Antonio Moreno es uno de ellos. Está al frente de la venta del Río, un lugar donde se reúnen frecuentemente los vecinos de La Atalaya para pasar el rato. Además, vive allí y posee una importante parcela con cultivos de aguacate, mango, chirimoyas, lichis y naranjas que vendía a una cooperativa local y con la que subsiste él y su familia.

«Lo hemos perdido todo para los próximos tres años. Además de los árboles, he perdido las gomas de riego, el cableado eléctrico... no volveré a sacar una cosecha, por lo menos, hasta 2015», explica sentado en la terraza de la venta que regenta.

Pocas esperanzas. Miguel Marín, ha tenido algo de más suerte. Pertenece a ese gran sector de mijeños que posee una pequeña parcela en el campo, porque la ha heredado de sus antepasados, y cultiva frutos o cría animales por gusto y para autoabastecerse. El fuego no llegó a la antigua casa que construyó, hace décadas, su abuelo. Pero sí se ha llevado por delante su cosecha de fresas, a unas cuantas gallinas que tenía en un corral de madera, que ha sido devorado por las llamas.

«Yo no vivo aquí, pero vengo mucho a echarle de comer a los animales y a cuidar mi huerta. Desde que me dejaron entrar a la finca, al día siguiente del incendio, me he dedicado a limpiarlo todo y aún me queda tarea», espeta.

Rose y Siegfried Koppel sí que lo perdieron todo cuando vieron con sus propios ojos cómo explotaba su casa. No tienen seguro ni pagan IBI. «No confiamos en absoluto que nos ayuden», declaran agotados.

Los que pagaran IBI lo tienen más fácil. Esta semana se pudo conocer que el Gobierno facilitará ayudas a las casas ilegales cuyos propietarios puedan demostrar que han estado pagando el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), u otros documentos similares y siempre que sea su vivienda habitual, en el Ayuntamiento del término municipal al que pertenezcan. En este sentido, las ayudas económicas estatales irán desde los 2.580 euros para aquellas que atesoren daños en enseres de primera necesidad y los 18.000 euros en caso de fallecimiento o incapacidad de alguno de las personas que residieran en la zona afectada.