La crisis está poniendo en duda la viabilidad de muchos negocios. Las autopistas de peaje no son una excepción. A nivel nacional, dos empresas han pedido ya el concurso de acreedores y otras tres han optado por el preconcurso. La situación no es mejor en Málaga, donde Autopistas del Sol, que gestiona el peaje de la AP-7 (Málaga-Guadiaro), ha visto cómo su número de usuarios diarios ha caído en cerca de un 30% desde diciembre de 2007 y hasta marzo de 2012, última fecha con estadísticas del Ministerio de Fomento.
La situación tampoco es halagüeña para la autopista de Altos de las Pedrizas-Málaga, que se inauguró en plena crisis y en apenas un año no ha llegado a consolidar los 8.000 usuarios diarios de media, muy lejos de la franja de los 20.000 que se estiman como necesarios para asegurar la rentabilidad económica de esta infraestructura.
La complicada situación de las empresas que gestionan el peaje a nivel nacional ha llevado a la Asociación de Concesionarias de Autopistas de Peaje (Aseta) a reclamar al Gobierno que extienda el cobro del peaje a las autovías, como única forma de asegurar la rentabilidad de estas empresas.
Más allá de la decisión que tome el Gobierno, y que de ir en este sentido en Málaga supondría estrangular la Costa del Sol al dejar como única alternativa libre de peaje la antigua N-340, lo cierto es que la caída de usuarios es constante en la autopista Málaga-Guadiaro, la más importante y veterana de la provincia.
Según los datos del Ministerio de Fomento, hasta marzo de este año había enlazado 20 meses de caídas continuadas en la media de usuarios diarios de esta infraestructura. La evolución a la baja es llamativa. Si en agosto de 2007 alcanzó su mejor cifra con 45.223 usuarios diarios de media diaria, en marzo de 2012 esta cifra se situó en 24.451 vehículos al día, el peor marzo desde el año 2000 y cuando esta infraestructura todavía no había cumplido un año en servicio, según las estadísticas del Ministerio de Fomento.
De hecho, desde noviembre de 2011 se están marcando cifras muy bajas y que ponen en peligro el umbral de los 20.000 vehículos diarios de media, considerado como límite para asegurar un nivel de ingresos suficientes para su rentabilidad.
