Los jueces se plantean una huelga de celo para dinamitar la reforma de Gallardón

José Antonio Sau El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) establece una carga de trabajo asumible por juez y año. Cumplir con esa ratio escrupulosamente conllevaría, en Málaga, la paralización efectiva de la justicia, porque los togados de la capital, en palabras de su decano, José María Páez, «ya soportan un ritmo inhumano». Es decir, en muchas ocasiones tienen el doble o el triple de trabajo exigido en el módulo, pero, si la situación de la judicatura continúa así y la reforma de Gallardón llega a buen puerto, lo tienen claro: se plantean una huelga de celo.

En puridad, esto no es más que cumplir escrupulosamente con lo que marca el propio Consejo: «La carga de trabajo es inasumible, en muchos casos llevamos el doble de lo estipulado; la entrada y salida de asuntos supera los módulos. Los jueces de Málaga están a la cabeza de todos los módulos», dice Páez, quien ayer presidió, como en todos los partidos del país, la Junta General del Jueces de la capital, que contó con la asistencia de ochenta togados.

Ataque a la independencia. Más allá de la situación de Málaga, les enfadan varias cosas: cómo está la justicia en general; el hecho de que no se les haya consultado para buscar mejoras, y la pérdida efectiva de independencia de su órgano de gobierno. Es decir, la reforma Gallardón, que consiste en la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ); los recortes del Estado y de la Junta, la ausencia de inversión y cómo ha negociado el presidente de los magistrados las reformas.

Por todo ello, ayer aprobaron un manifiesto con diversos puntos en el que critican: la ausencia de voluntad política para modernizar la justicia, «lo que contrasta con el manifiesto interés en el control político de los órganos de gobierno».

«Una justicia ágil es sinónimo de reactivación económica, inversión interna y extranjera; hay miles de millones de euros inmovilizados en los órganos judiciales fuera del circuito económico», precisó el decano, que dio lectura al manifiesto.

Inversión en justicia. Tacharon de incomprensible la ausencia «de inversión en justicia», y pidieron que se priorizara. Se quejaron, asimismo, de la congelación de las oposiciones, cuando la ratio española de jueces por habitante está entre las más bajas de la Unión Europea. Esto provoca «una degradación» de la administración.

Critican la lentitud del sistema, «un inaceptable retraso en los señalamientos que año tras año se va agravando», indicó el decano, para añadir después: «El ciudadano ve cómo se retrasan sus asuntos en cuestiones a menudo muy delicadas de las que a veces depende su propia seguridad o incluso su sustento».

Reclaman, además, que se determine la carga de trabajo por juzgado o tribunal, y que se creen de forma inmediata las plazas necesarias. «Hay una patente sobresaturación de órganos en España y es evidente la necesidad de establecer un sistema por el que se creen de forma inmediata nuevas plazas judiciales», aclaró Páez.

El decano, en presencia de sus colegas, también exigió, dándole lectura al manifiesto, medidas urgentes de apoyo en los juzgados sobrecargados, «y singularmente en casos de corrupción». Los jueces también se solidarizaron con los demás funcionarios por los recortes sufridos, y se quejaron «de la descoordinada y desordenada gestión de la justicia» con tres administraciones con competencia sobre ella: el Ejecutivo nacional, el regional y el Consejo.

Es más, aseguran que la reforma ministerial pretende dejar el Consejo «reducido a su mínima expresión». «Hoy más que nunca es necesario un órgano de gobierno fuerte, independiente y autónomo económicamente». Entre otros, el decano, en alusión al manifiesto, reclamó la elección democrática de los órganos de gobierno y la revisión del nombramiento de vocales.

Marea de togas. Numerosos partidos judiciales se pronunciaron en términos similares, incluidos los magistrados de la Audiencia Provincial, que se adhirieron a todos los comunicados emitidos por las asociaciones de jueces y fiscales, censuraron la labor del presidente del Consejo en la negociación de la nueva LOPJ, y aclararon: «Nuestras protestas van encaminadas a conseguir la retirada de las reformas legales planteadas que tienen por objeto el control político del poder judicial y minar su independencia».

Con una calculada ambigüedad, el decano, al igual que sus colegas en todo el país, aseguró que «no se descarta» ninguna medida de protesta, desde la huelga general hasta una de módulo, es decir, de celo, lo que retrasaría aún más la celebración de juicios y emisión de sentencias, algo que en algunos órganos es ya un mal endémico.

En algunos partidos judiciales del país se ha planteado, incluso, la posibilidad de celebrar juicios sólo por la mañana.