Las constructoras de Málaga, que está soportando de forma especialmente ardua la crisis económica, siguen con un problema clave pendiente de resolver para asegurar su supervivencia: el cobro de gran parte de las deudas que mantiene con ellas la Junta de Andalucía. Se trata de un montante de unos 150 millones de euros que, por no contar con la debida asignación presupuestaria o por no haber sido todavía facturada se ha quedado en un limbo jurídico que le impidió entrar en su momento en el famoso Plan de Pago de Proveedores. El sector recopila estos días, a través de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP), la lista completa de impagos para tratar de buscar una solución. La más factible hasta ahora es la que negocia la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) con el Ministerio de Hacienda, con el objetivo de incluir una adenda al plan que permita la entrada de esta deuda no fiscalizada. De momento, nada se sabe. Los últimos comentarios, sin confirmación oficial alguna, apuntan por otro lado a que el dinero podría salir finalmente del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) que el Gobierno ha dispuesto para las comunidades.

Obras en depuradoras e infraestructuras hidráulicas, canalizaciones y actuaciones en el mantenimiento de carreteras realizadas a lo largo de 2010 y 2011 conforman estas actuaciones impagadas, que dependen tanto de la Consejería de Medio Ambiente como de la Agencia de Obra Pública de Andalucía, integrada en la Consejería de Fomento y Vivienda. El problema se fraguó a finales de 2011, cuando la Junta solicitó a estas empresas proveedoras de servicios que estos trabajos no se facturaran en ese ejercicio para evitar el déficit presupuestario y se pasaran directamente a 2012.

Un pacto arriesgado. Los constructores aceptaron por una razón meramente práctica: dado que la Junta les decía que no tenía dinero para pagarles, la emisión de la factura sólo podía ir en perjuicio de las propias empresas, ya que les hubiera obligado a adelantar el pago del IVA por un trabajo en realidad no cobrado, según explica la secretaria general de la ACP, Violeta Aragón. El mazazo vino poco después, cuando en febrero se sacaba el Plan de Pago a Proveedores y se ponía como requisito indispensable que las empresas prestaran las facturas de las administraciones para cobrar las deudas pendientes.

Es verdad que los constructores malagueños han obtenido del Plan de Pago a Proveedores un total de 230 millones que les adeudaba la Junta. Pero también lo es que los otros 150 millones pendientes suponen para muchas empresas afectadas -más de 60, según la ACP- la diferencia entre poder proseguir su actividad o verse abocadas al cierre.

«Son empresas que están viviendo del escasísimo trabajo que hay actualmente. La liquidez la tienen a cero. Nadie se esperaba este problema con el Plan de Pago a Proveedores», explica Aragón, que recuerda que el sector está absolutamente «asfixiado» ante la falta de crédito por parte de las entidades financieras. Este cierre en la financiación bancaria hace aún más perentorio el cobro de las deudas, en lo que gráficamente se define como «una cuestión de vida o muerte» para muchas empresas.

De hecho, en los últimos años la ACP, en la que figuran las contratistas de Málaga que concentran el 90% de la obra pública de la provincia, ha visto reducido su número un 34% pasando de las más de 600 firmas que había en la época previa a la crisis a las 400 actuales. Es cierto que no todas de esas 200 que faltan han desaparecido. Algunas son firmas de fuera que instalaron una delegación en Málaga cuando las cifras de licitaciones públicas batían récords y que ahora, ante la ausencia de inversiones, se han marchado. Pero otras han quebrado o directamente han desaparecido. Cuando se examinan las causas, la mayoría alega la caída brutal del negocio y, por supuesto, los impagos que han sufrido por parte de su clientela.

A todas estas obras pendientes se suma una deuda nueva que se está acumulando en este 2012 a cargo del Plan OLA de la Junta, con el que se están realizando mejoras en los colegios a través de la contratación de personas desempleadas. El Plan OLA prevé en Málaga 22 ampliaciones de centros, 44 reformas y la construcción de dos nuevos complejos (el conservatorio Martín Tenllado en Málaga y un instituto en Cártama) con un presupuesto global de más de 35 millones de euros. Según los constructores, ya se están produciendo impagos en relación a las obras en ejecución.