El letrado defensor de Julián Muñoz, Miguel Criado, asegura, en el informe que complementa su escrito de defensa del caso Pantoja, que el juez Miguel Ángel Torres, instructor de Malaya, recibió en marzo de 2007 un sobre anónimo con documentos personales que les fueron sustraídos al exregidor marbellí y a su entonces pareja, Isabel Pantoja. En ellos se reflejarían pagos «y otros conceptos».
Estos documentos forman parte de las diversas bridas y piezas de convicción que las acusaciones trataron de meter en el sumario de la pieza separada de blanqueo, lo que denunciaron con vehemencia las defensas, pues nada sabían de ellas con anterioridad. El letrado de Julián Muñoz reclama, tras haber tenido tres meses para examinar esos documentos, que no se admita ninguno de ellos, puesto que se habría vulnerado el derecho del exalcalde marbellí a un proceso justo.
En caso de que se admita, el letrado pide que queden excluidas del proceso seis piezas de convicción y bridas, y ésta es una de ellas. Según consta en el escrito, hay una diligencia en marzo de 2007 en la que se hace constar que, con esa fecha, «se recibe un sobre sin remitente conteniendo diversa documentación relativa a pagos y otros conceptos, en relación con Julián Muñoz e Isabel Pantoja».
El 17 de mayo, se ordena, por medio de una providencia, que se remita una copia de los documentos a la policía para esclarecer los hechos narrados en ellos. «Pues bien, se trata de documentos personales, que han sido sustraídos a sus propietarios, y hacen llegar al juez instructor, y éste, lejos de investigar su procedencia, da curso a investigar su contenido», se queja el letrado en el informe que amplía su escrito de defensa.
Asegura Criado que ninguna de las partes solicita ni el juez acuerda, en resolución alguna, que la pieza sea unida al proceso en curso. El abogado también pide la inadmisión de una copia de escritura de una compraventa; y de la documentación de una carpeta hallada en el trastero de Juan Antonio Roca, puesto que la validez de la diligencia está impugnada en el caso Malaya, pendiente de sentencia.
También propone una serie de pruebas relativas a la documentación intervenida en el chalé de La Pera, durante el famoso registro de julio de 2006: así se pide al Consistorio que certifique todos los emolumentos recibidos por el exregidor por parte de Eventos 2000 y los periodos en los que cobró; también que se certifique lo abonado por Planeamiento 2000.
El letrado indica además que en el chalé se localizó un recibo de la compra de otra casa en la urbanización Las Petunias, transacción efectuada por el exalcalde, que entregó 15 millones de pesetas. El abogado asegura que el dinero procede de un origen legal, de tal forma que el 26 de junio del 95 Muñoz vendió un inmueble en 16 millones de pesetas. Por ello, entregará una copia de la escritura de la casa vendida por el exregidor.
Además, se reclama la aportación de una copia de ampliación de denuncia que hizo Julián Muñoz ante un juzgado de Marbella por el robo de esos documentos. En este sentido, pide que sea citado a declarar Juan Antonio Roca, en relación a la imputación de un pago al exregidor de casi dos millones de pesetas en 1998 por una cacería, cantidad sufragada por el exasesor urbanístico, indica. Se pide su comparecencia, además, para hablar de las gratificaciones percibidas por Muñoz de Planeamiento 2000.
Por último, pide que se admita como prueba una pericial caligráfica a practicar por el juzgado de instrucción en relación con una agenda atribuida a su cliente, de tal forma que la policía demuestre que es efectivamente suya.
