­La Junta de Andalucía pretende trasladar a un juzgado de la capital a un funcionario de apoyo enviado a Estepona 1, donde se tramita el caso Astapa contra la corrupción en el municipio, por la Audiencia Provincial, un empleado clave que conoce a la perfección todas las aristas de un proceso que lleva cinco años y siete meses en instrucción, cuya marcha podría verse aún más ralentizada si finalmente se prescinde de este trabajador. El asunto ha derivado en una disputa entre la Consejería de Gobernación y Justicia y la Audiencia.

El tema preocupa, y mucho, según las diversas fuentes cercanas al órgano cuya opinión ha pulsado este periódico. Eso sí, en público nadie quiere reconocerlo. Ni siquiera el presidente de la Audiencia Provincial, Antonio Alcalá, quiso hacer ayer declaración alguna.

Astapa, un caso contra la corrupción urbanística y política que se llevó por delante el gobierno socialista de Antonio Barrientos y que suma ya un centenar largo de imputados, lleva bajo la lupa judicial desde el 29 de marzo de 2007, cuando el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona abrió diligencias previas a instancias de una denuncia presentada en noviembre de 2006 por los ediles del PSOE David Valadez y Cristina Rodríguez. Cinco años y siete meses después, el caso aglutina decenas de miles de folios y la Audiencia Provincial fue la que suprimió el secreto de sumario para las partes ante las críticas de las defensas.

Petición. Ya con el final de la instrucción en el horizonte, el juez Jesús Torres y la Fiscalía pidieron a la Audiencia que enviara a un funcionario de apoyo al juzgado. La Presidencia de la Audiencia tiene potestad para enviar, a su discreción, seis funcionarios de apoyo adscritos a su oficina a cualquier juzgado de la provincia. Dada la situación económica que atraviesa el país, se decidió en la comisión mixta Junta-TSJA que los seis empleados públicos hicieran labores de apoyo en órganos de la capital. Por ejemplo, uno está en Mercantil, el juzgado más saturado de España, y otro en el bis de Violencia sobre la Mujer, también muy sobrecargado.

Conocimiento. Otro de ellos, pese al acuerdo, se envió a Estepona 1 para desatascar el proceso hace años. Éste ha trabajado mucho con el sumario, que ocupa toda una habitación en la oficina, y conoce a la perfección dónde están los informes y en qué lugar se encuentran los CD o pruebas pedidas por las partes, la Fiscalía y el juez. Sin embargo, la Junta, al tener que pagarle las dietas a este empleado, prefiere nombrar a otro de refuerzo, pues el trabajador público en cuestión se desplaza desde Málaga.

El juez ha pedido que continúe este funcionario, pero la Junta se opone. La Audiencia ha optado por mantenerlo, pese a que el Ejecutivo andaluz le ha recordado que la oficina del presidente sólo puede hacer una propuesta de nombramiento, mientras que es el ente autonómico el encargado de nombrar efectivamente.

Pese a todo, la Audiencia mantiene al empleado público contra viento y marea, pues diversas fuentes consideran esencial que este funcionario continúe, junto a sus compañeros, sacando adelante semejante caso de corrupción, que amenaza con dejar pequeño al monstruo malayo, más aún cuando ya se intuye el fin de una tortuosa instrucción.

En Estepona, actualmente, hay ocho funcionarios, más dos de refuerzo de la Junta de Andalucía, y el de apoyo que depende de la Audiencia. La Consejería de Gobernación y Justicia ofrecía un tercero, pero el juez Jesús Torres y la Fiscalía prefieren que continúe el enviado por la Audiencia.

Aunque no se le están pagando las dietas, el funcionario continúa trabajando en Estepona, porque considera que se le ha nombrado desde la Audiencia, pese a la oposición de la Junta. El propio juez rehusó quedarse con el tercer empleado de refuerzo propuesto.

Comisión mixta. El caso será llevado a la comisión mixta Junta-TSJA para su análisis. Se da la circunstancia de que Estepona 1 es, según otras fuentes, el órgano más saturado de la provincia tras Mercantil 1. Para proveer una demanda -civil-, por ejemplo, tarda en torno a un año y medio. Ahora, en la recta final del proceso, el juez no quiere ningún problema más. En el juzgado hay otro togado enviado este año para desatascar la oficina.

Astapa es un proceso preñado de problemas desde su nacimiento. De hecho, las piezas de convicción almacenadas en una comisaría de Madrid estuvieron mucho tiempo sin ser digitalizadas, debido a los problemas de liquidez de la Junta. Ello motivó que la policía fuera mucho más lenta de la cuenta al tirar del hilo de una trama complejísima que requiere de profundos conocimientos de blanqueo y económicos.