Una estampa típica de los setenta era la de una española volando hasta Londres para abortar. La ley de supuestos, que permitía interrumpir el embarazo en tres casos (violación, malformación del feto y daño psíquico para la madre), fue un paso adelante muy importante, y en la misma senda se inscribe la ley de Zapatero, una de cuyas asesoras más incisivas y destacadas fue la catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Málaga, Patricia Laurenzo. Incisiva en sus comentarios y reflexiva en la maduración de sus respuestas, que reflejan a las claras una postura clara y rotunda en un tema tan espinoso, Laurenzo cree que la reforma planteada por el PP supone ir 25 años hacia atrás.

El Gobierno presenta una reforma de la que se desprende que la malformación del feto o una minusvalía psíquica no van a ser causas para poder abortar...

Creo que es un total desconocimiento por parte del ministerio de la auténtica situación en la que se encuentran las mujeres con un embarazo de esa naturaleza. En el embarazo eso se llama indicación embriopática. Son situaciones muy dramáticas: éste no es el caso de una mujer que se queda embarazada y dice no quiero ser madre, es una mujer que sí quiere tener un hijo y que, de pronto, cuando tiene un embarazo de cierta magnitud ya, porque esto se suele descubrir a partir de la semana 22, el médico le dice que su hijo viene con una grave malformación. El problema es que no darle a una mujer la posibilidad de que sea ella quien decida qué hacer con ese embarazo es una coacción por parte del Estado completamente inaceptable. Aquí no se puede argumentar que se está protegiendo la vida en gestación simplemente porque vale más que la libertad de la mujer, creo que el propio Tribunal Constitucional ya ha dicho que en este caso prevalece la libertad de la mujer de decidir. Habrá que saber cómo el ministerio pretende ir en contra de una decisión del Constitucional, pero sobre todo es que es problema de sensibilidad social mínima. Las mujeres que se encuentran en esta situación unen dos grandes dramas: van a perder al hijo que querían tener, y se encuentran con un hijo en unas situaciones tremendamente desventajosas para el propio hijo y para ellas. Y una de las cuestiones que a mí más me sorprende es que se plantee esto cuando están desapareciendo todas las ayudas a la dependencia.

¿Tiene la percepción de que se aborda desde la moral un asunto que también puede tener su base científica y jurídica?

Totalmente. El tema del aborto es un tema que siempre ha estado tremendamente impregnado de criterios fundamentalmente religiosos y morales...

¿Cómo valora que se renuncie a la ley de plazos?

Es un paso atrás muy importante para los derechos de las mujeres. Y en general creo yo para el derecho de todos los ciudadanos a establecer con libertad los criterios reproductivos. Volvemos atrás 25 años, que es cuando se aprobó la primera ley de indicaciones, que me gusta decir que es la ley que quieren ahora nuevamente, porque nadie sabe muy bien qué es lo que pretende el Gobierno. Parece que se habla de volver al sistema de indicaciones. Ya se ve que tampoco es el sistema de indicaciones tal cual estaba, porque ese tenía tres y ahora lo quieren dejar en dos. Es un terrible paso atrás. Sólo hay que mirar al entorno. En los países europeos, en esa Alemania a la que se mira con tanto entusiasmo desde el Gobierno, existía un sistema de indicaciones más amplio que el de aquí, y tras la unificación se produjo un proceso de reforma por el cual se incorporó un sistema de plazos. Ese sistema pasó por una sentencia del Tribunal Constitucional que era la segunda prácticamente calcada de lo que pasa aquí, y el tribunal admitió el sistema de plazos. Italia, Portugal, Francia, Reino Unido, Holanda y Bélgica, la inmensa mayoría tiene sistema de plazos. España se pondría a la altura de países como Polonia, fuertemente influenciado por criterios religiosos, que tiene un sistema de indicaciones muy estricto. Con países como Irlanda. Pocos países de Europa que se han quedado atrás en esto.

La reforma prevé que la mujer deba someterse al dictamen médico...

El problema del sistema de indicaciones, que en su momento fue un avance, es que está creado a espaldas de la mujer. Parece que la mujer fuera una incubadora, lo importante es que hay un conflicto: una mujer se queda embarazada y no quiere tener un hijo. ¿Quién decide si esta situación puede dar lugar a una interrupción del embarazo o no? No es la mujer. Siempre se dice, la mujer debe consentir, pero ella es una mera peticionaria de una decisión que toman otros. La toma, primero, el legislador. Decide por la mujer cuándo hay un conflicto. Lo del legislador pasa después con el médico. Habla con la señora y decide si tiene un desequilibrio psíquico importante o decide que no, que a esta señora no le pasa nada, es la depresión normal de cualquier embarazada. La señora qué es, pues una incubadora humana. Es una situación inaceptable. Todo el sistema de despenalización del aborto en España estaba montado sobre la total y absoluta supremacía de la vida prenatal. Se decía que ese es el valor supremo. Y ahí aparecen situaciones muy puntuales de conflicto en la vida de las mujeres que el derecho debe resolver autorizando un aborto. La implicación personal de las mujeres en el embarazo no se tenía en cuenta. Lo que podríamos llamar hoy la perspectiva de género ha estado totalmente al margen del aborto. Eso se incorpora con la Ley de Salud Sexual y Reproductiva en una norma que piensa en los derechos reproductivos de todos, pero sobre todo de las mujeres.

¿No debería aprobarse y debatirse esta ley con un amplio consenso?

Yo creo que nunca se va a crear consenso en el tema del aborto. Nunca. Es un asunto suficientemente impregnado de fundamentalismos religiosos como para que sea imposible llegar a un acuerdo. Se ha dado una situación lamentable políticamente, hablamos de una ley de hace dos años, de 2010. la Ley del aborto se reformó con un debate parlamentario amplio, con una comisión previa en la que se discutió, hubo mucha gente que intervino, hubo varios informes, y en el lugar de consenso de nuestra democracia, el Congreso. Es inaceptable que una ley aprobada con sus mayorías correspondientes inmediatamente se vaya a modificar porque un gobierno de una línea ideológica diferente entre al poder. Eso no puede ser, como no puede ser con la educación ni con la salud. Falta madurez política.

¿Existía alguna razón para que se cambiara una ley aprobada hace dos años?

Las leyes hay que cambiarlas cuando funcionan mal. No es maduro políticamente que se cambie una ley aprobada hace dos años sin haber visto siquiera cómo funciona. Entre otras cosas, una de las cosas que podría pasar, según los estudios, es que haya menos abortos. Es lo que queremos todos. Actualmente en España hay 115.000 al año, eso es bastante. Y me parece que es muy importante reducirlos, sobre todo porque crece entre las chicas más jóvenes, las adolescentes. La ley no es sólo del aborto, tiene toda una primera parte en la que de lo que se trata es de actuar sobre la educación sexual de los jóvenes. Hay estudios serios que dicen que el problema es que hay entre 300.000 y 400.000 mujeres jóvenes que practican sexo inseguro, y eso vale tanto para coger una ETS como para quedarse embarazada. Para cambiar esto hay que mover ficha en la educación sexual. En el recurso de inconstitucionalidad, el PP no sólo ataca algunos preceptos de la interrupción del embarazo, sino también de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Una de las cosas que se combate es la liberalización de la píldora del día después. La educación sexual entre los jóvenes es pésima, y lo único que queda es decirle a las chicas que no tengan relaciones sexuales, y eso no lo van a conseguir, espero. Si eso es así, lo único que me queda es meter presos a todos los médicos y mujeres que aborten, porque el aborto va a seguir existiendo, en condiciones muchísimo peores de las de ahora, con riesgo de clandestinidad. Una mujer que no quiera tener un hijo no va a tenerlo.

¿Qué efectos tendrá la nueva ley en las más jóvenes?

Sobre todo en las niñas más jóvenes. Puede que se encuentren que les han cerrado las puertas y acudan a otros sistemas, como los abortos caseros que causaron tantas muertes hasta cosas más modernas como el uso de los anticonceptivos de determinada manera. A todo eso podemos estar caminando con una ley restrictiva.

Hablando de derechos fundamentales, ¿qué le parece el debate sobre modular el derecho de manifestación?

Son tiempos muy malos para la libertad. La utilización de los problemas de otra naturaleza, en este caso los económicos, para restringir los derechos ciudadanos es una perfecta tapadera como lo son a veces determinados crímenes mediáticos para restringir la libertad de los ciudadanos, y utilizar el derecho penal con un fin espurio, imponer un sistema securitario, de seguridad a cualquier precio, en el que las libertades sufren de una manera tremenda. Estamos hablando de criminalizar una manifestación pública de descontento frente al comportamiento de unos gobernantes que ahora nos venden que el ejercicio de la democracia es solamente ir a poner el voto cada cuatro años. Lo que nos dicen: sus derechos empiezan y acaban cuando pone el voto, y luego a callarse, que vamos a hacer lo que nos parezca bien. Y si deciden manifestarse, los vamos a encauzar para que se manifiesten en una calle donde no los vea nadie. Eso es un poco lo que se está diciendo. Había que poner determinadas horas, determinados sitios, que nadie los vea. Hay un derecho a la libertad de expresión y no se puede cercenar de una manera tan brutal, creo que eso sería inconstitucional. No creo que lleguen a hacerlo. Limitar el derecho a manifestarse sería inconstitucional.

También se ha planteado la prisión permanente revisable, es decir, una cadena perpetua encubierta...

En principio no cambia mucho respecto a lo que tenemos, un Código muy riguroso en el que se prevén penas de hasta cuarenta años de prisión. Pero sobre todo una pena que no tenga un límite temporal es contraria a la Constitución, porque nuestra Constitución dice que están prohibidas las penas degradantes, la pena debe orientarse a la resocialización. Y ahora dicen que se va a revisar a los 25 años, y si hay un informe que nos diga que este señor se ha resocializado, podrá salir en libertad. Cualquiera que tenga dos dedos de frente se dará cuenta de la trampa: ¿Cómo se va a resocializar, aprender a vivir en sociedad, una persona encerrada en una prisión? Nadie se resocializa en prisión.

¿Despenalizar faltas no es hurtarle al ciudadano el derecho a la tutela judicial efectiva?

No me parece mal. Las faltas se pueden despenalizar o convertir en delito. Que las faltas desaparezcan me parece bien. Pero qué van a hacer con ellas. Algunas irán al ámbito administrativo. Por ejemplo, tirar jeringuillas a la calle, ahora de nuevo será infracción administrativa, pero a lo mejor hay otras que quieren convertir en delito.

¿Le preocupa el descrédito de la justicia entre los ciudadanos?

Los jueces están injustamente mal valorados. Hay muchos jueces que trabajan bien y mucho, con mucha sobrecarga. Nosotros leemos la jurisprudencia y las sentencias, las cosas que dicen los jueces. Pero el sistema mediático saca a la luz lo que está mal. No confundamos lo que es el ejercicio de la función jurisdiccional, con el gobierno de los jueces. Es otra cosa distinta, es una actividad política. En el caso de los jueces de vez en cuando salta a la luz un caso que produce alarma social. Y habrá que investigar por qué. A veces produce alarma que se absuelva, pero a veces eso ocurre por una norma procesal que dice que para obtener pruebas hay que hacerlo así. Lo veo dando clases a mis alumnos y me dicen ¿cuándo se van a cambiar las leyes para que no haya obstáculos procesales? Espero que nunca, porque los obstáculos son garantías para todos, lo que pasa que sólo vemos lo que les pasa a los otros, pero eso nos puede pasar a nosotros. En cualquier momento, el sistema penal le puede captar a uno. Me preocupa el bajo valor de la justicia en general, me preocupa mucho porque creo que se ha impregnado de sensacionalismo.

¿Se ha respondido bien a la corrupción en la provincia de Málaga?

No lo sé. Ahora lo veremos. Con la sentencia del caso Malaya.