La Fiscalía provincial de Málaga ha trasladado el caso del listado de funcionarios «afines» al PSOE elaborado por la Junta de Andalucía en Málaga, y denunciado por el sindicato CSIF el pasado mes de julio, al Juzgado de lo Penal tras entender que los supuestos hechos podrían ser constitutivos de delito. Asimismo, la Fiscalía provincial ha solicitado a la Policía Jurídica que abra diligencias previas de investigación, según explicó ayer esta misma central sindical haciendo referencias a las notificaciones que ha recibido del Ministerio Fiscal en las últimas semanas.

El secretario del CSIF en Málaga, Joaquín Pérez Muñoz, puso los supuestos hechos en conocimiento de la Fiscalía el pasado 24 de julio reclamando la práctica de estas diligencias para «determinar la veracidad y autorías» de los mismos. El CSIF explicaba entonces que la petición se originaba tras haberse detectado «la existencia de listas, agrupadas en delegaciones provinciales, unidades y direcciones provinciales de las distintas consejerías, en las que aparece una relación nominal de afiliaciones a partidos políticos, concretamente al Partido Socialista Obrero Español (PSOE)». Según el CSIF, en el listado, además de la afiliación al PSOE y datos sobre bajas por enfermedad o cercanía de la jubilación, también había referencias a quién debía promocionarse. «Se trata de un total de 23 personas de las que se dictamina favorablemente en aras a futuros ascensos o nombramientos; 13 de ellos figuran como afiliados al PSOE», señalaba el sindicato.

El sindicato acusó en su momento a la Delegación de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de elaborar un listado de trabajadores afines tras comprobar que se trataba del entorno desde el que el documento partió a los demás organismos. Esta central sindical exigió en su momento el cese de Marta Rueda -entonces delegada en funciones de la Junta en Málaga- y reclamó explicaciones al Gobierno andaluz por la «evidente discriminación de los empleados públicos en función de su afiliación política». El documento interno de la Junta se enfrenta ahora a una inspección penal por los posibles delitos de la prevaricación de funcionarios y de tráfico de influencias, apuntó el CSIF.

El sindicato comentó también ayer que la Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía ha descartado estudiar el caso por entender «que no hay siquiera indicios de infracción administrativa». Por su parte, la Agencia Española de Protección de Datos ha requerido más documentación a CSIF para continuar con la investigación del listado, denunciado por este sindicato por un posible atentado contra los elementos básicos de la intimidad de las personas y, más concretamente, con lo recogido en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal.

«Tanto la Junta de Andalucía como el PSOE en Málaga rehusaron dar explicaciones sobre el documento de funcionarios, generando un silencio con el que asumen las acusaciones de CSIF. El Gobierno autonómico, además, ha pasado a ser cómplice de la elaboración del listado con el reciente nombramiento de Rueda al frente de la citada delegación», apuntó la central.